Luis Ernesto Olvera Rosas
Luis Ernesto Olvera Rosas

Ahí la llevamos

 

Razones que se imponen. Sigo sin comprender cómo se involucraron actores sociales en tratar de impedir la construcción del Tren Maya en su tramo 5, en sospechosa actitud del juez Adrián Fernando Novelo, titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán.

El juez ha tenido que dar marcha atrás a la suspensión, promovida por una asociación que se dice ambientalista, llamada “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS)”, cuya página no señala quienes la integran y ni su experiencia.

Este grupo solicitó se exhibiesen “permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 proyecto «Maya» que abarca de Cancún a Tulum Norte del estado de Quintana Roo”.

El mismo juez anuló las suspensiones definitivas de los juicios de amparo 884/2022, 923/2022 y 10003/2022 sobre dicho tramo, que comprende de Cancún a Tulum en Quintana Roo.

¿Con ello se anula el decreto de Seguridad Nacional? Por lo pronto, el juez indicó que las autoridades federales podrán iniciar o continuar las obras.

Conoceremos si existió omisión de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en entregar las condicionantes de la manifestación de impacto ambiental en tiempo y forma.

También se emitió el decreto de expropiación de una superficie total de 1,093,118.93 m2 (en hectáreas 109.31 para que no se crea que es mucho), a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada.

La Ley de Expropiación dice: es de interés público, la cual establece como causa de utilidad pública la “construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables”, (artículo 1, fracción III Bis).

El presidente, ante la negativa y las presiones políticas por la pérdida de privilegios e intervención económica de empresarios en contra del proyecto del Tren Maya, ha tenido que recurrir al poder del Estado para utilidad pública con decretos.

Nos queda la duda; estas organizaciones ambientalistas, formadas al vapor, ¿saben cuántas hectáreas se afectaron en la construcción de la autopista Durango-Mazatlán? Su silencio en el caso anterior y hoy sus protestas son de un sospechosismo rampante.

Razón de los lentos avances. No caemos en manipulaciones infantiles, como la vida de los hijos del presidente de la República, nos interesa la solución o control de lo que conocemos referente a los grandes retrocesos que dejaron los gobiernos del PRI y PAN en los últimos 30 años.

La pandemia sólo vino a profundizar el problema de la crisis económica que se avecinaba, como lo leemos en los artículos del Banco Mundial, uno de ellos el de Marcello Esteva y Sebastián Essl.

Estos analistas señalan: “Todas las crisis de deuda comienzan con advertencias ignoradas y terminan con limitaciones graves a la inversión en educación, salud e infraestructura, entre otras cosas. Estas crisis a menudo provocan descontento social y colapso del Gobierno, generando un retroceso duradero de las perspectivas de crecimiento del país afectado”.

A quienes hemos vivido recurrentes crisis no nos extraña que los sectores arriba mencionados se hallan afectado para no dañar a los sectores empresariales en sus ingresos, muy ligados a políticos colocados para gobernar y respondan a sus demandas sin tomar en cuenta a la ciudadanía.

¿Cree usted que con un salario de 200 mil pesos mensuales le alcanzaría a Peña Nieto para tener una Casona Blanca, un departamento en España de 13 millones de pesos y cuatro casas con terrenos mayores a 58 mil metros cuadrados?, según su declaración patrimonial (donada por sus parientes, en 20 años), sin gastar nada, ¿podría haber ahorrado 48 millones de pesos?

Nos sorprende que estos políticos sepan como incrementar su patrimonio, mientras nada de esas enseñanzas lleguen a nosotros.

Bueno, estos investigadores, anteriormente mencionados, señalan: “Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la deuda mundial se ha disparado. En la actualidad, el 58 por ciento de los países más pobres del mundo se encuentran en situación de sobreendeudamiento o tienen un alto riesgo de caer en ella, y el peligro se está extendiendo también a algunos países de ingreso mediano. La elevada inflación, el aumento de las tasas de interés y la desaceleración del crecimiento han preparado el terreno para crisis financieras similares a las que estuvieron sumidas numerosas economías en desarrollo a principios de la década de 1980”.

Interesante es conocer que una muestra de 65 países en desarrollo indica que, entre 2011 y 2019, la deuda pública aumentó un 18 por ciento del PIB en promedio y mucho más en varios casos. ¿Alguien dio la alerta?

Continuaremos con más de los datos que nos brinda el Banco Mundial y saber que México ha controlado recientemente, la inflación y devaluación mucho mejor que la mayoría de los países en vías de desarrollo o de primer mundo.

Esperemos que el dato del INEGI, de ese 1 por ciento que crecimos en este trimestre, y los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de la baja de 3.2 puntos porcentuales en los niveles de pobreza laboral en México, continúen siendo positivos.

Como sea, ahí la llevamos sin grandes tropezones, como sucedió en el pasado.


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