Gabriela Bernal Torres
Gabriela Bernal Torres

Crónicas de un tesoro perdido (II)

 

En la colaboración anterior relataba la pérdida de un invaluable patrimonio religioso en la comunidad de Cedros en Mazapil. Hace unos días, el templo de san Juan Bautista sufrió el expolio de cinco lienzos de la época colonial que fueron desprendidos de sus marcos en plena noche, dejando vacías no solo las paredes, sino parte de la identidad comunitaria de los fieles.

Pero esta noticia no es más que la actualización de un problema que en los últimos años ha ido en aumento en nuestro país. Según el Sol de México, entre el 2001 y el 2010 fueron robadas más de 400 obras de arte pertenecientes al periodo virreinal; acorde a una entrevista realizada en 2020 por la Gaceta UNAM, en la última década se han interpuesto más de 200 denuncias por el mismo delito en México, cifra que se menciona, ni siquiera se acerca a la cantidad de expolios que se efectúan en los templos mexicanos.

En Zacatecas, las estadísticas son más escurridizas. Basta un cotejo rápido en Internet para darnos cuenta que, aproximadamente desde el 2007, el robo de arte sacro en territorio zacatecano fue “un mal en aumento”. De 2009 a la fecha, al menos se pueden situar 9 robos en distintos santuarios religiosos ubicados en la capital del estado y otros municipios, entre los que destacan la sustracción de óleos de los siglos XVIII y XIX, esculturas, cálices y crucifijos.

Las piezas que desaparecen de los templos mexicanos estaban plenamente identificadas por expertos que conocían sobre su valía histórica y material. Por lo regular, y como se mencionó en la colaboración anterior, salvo contadas excepciones, el desfalco del patrimonio religioso tiene que ver con un problema de magnitudes incluso mundiales que implican no solo al mercado negro del arte, sino a instituciones artísticas bien identificadas y en plena legalidad como casas de subastas, galerías e incluso museos. Pero ¿cómo poner coto a este problema? ¿A quién le corresponde su resguardo y sobre todo su catalogación, que permitiría su concreta identificación y su posible recuperación según fuera el caso?

Según nuestras leyes, desde la expropiación de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX, el patrimonio religioso pertenece a la nación. Sin embargo, según el artículo 20 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públicos (1992) “Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las secretarías de gobernación y cultura a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas estarás obligadas a preservar la integridad de dichos bienes y cuidar de su salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes”, lo que nos indica, que independientemente del papel del Estado mexicano en la conservación del patrimonio histórico artístico, los primeros garantes de la seguridad del arte sacro son los propios integrantes de la comunidad católica, desde el padre del templo hasta las personas que sean designadas para tal fin en una Diócesis. El problema es que, como puede haber personas muy interesadas en los bienes culturales dentro de una comunidad religiosa, puede que estos temas pasen totalmente desapercibidos y nunca haya un inventario claro de los objetos que se resguardan en determinadas iglesias, provocando que, en caso de llegar a desaparecer, no existiera ni siquiera una fotografía del objeto. A veces tampoco existe el interés de mantenerse en contacto con instituciones como el INAH para su conservación y protección. Es así, que el robo de objetos artísticos de carácter religioso ha puesto de relieve la importancia de la catalogación del patrimonio artístico resguardado en los templos del territorio nacional.

En Zacatecas se ha coordinado un esfuerzo considerable a través de profesionales del INAH en el que se ha buscado la total y completa catalogación del patrimonio religioso zacatecano. No obstante, este esfuerzo titánico requiere años de investigación y mucho presupuesto. Hoy por hoy, el proyecto de catalogación del patrimonio cultural mueble en el estado de Zacatecas -iniciado en 2001- está totalmente detenido por falta de tiempo y presupuesto. Sin duda, la ardua labor realizada por años ha permitido la concreta identificación de las piezas que ornamentan y se utilizan en nuestros templos, ayudando incluso en la recuperación de algunas obras hurtadas como fuera el caso del Divino Preso robado de la capilla de Bracho en el 2012.  Pero aún queda muchísimo trabajo por hacer y mientras vuelve el interés por nuestro patrimonio histórico artístico en el estado, todo aquello que no ha sido registrado seguirá desapareciendo de los templos zacatecanos, añadiendo la pobreza cultural a la pobreza económica tan presente en muchas zonas de Zacatecas.

 


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