LA TREMENDA CORTE
El lunes 8 de mayo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y votó el proyecto que tenía por objeto invalidar dos leyes de la primera parte del Plan B, la Ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas, «argumentando» que el Poder Legislativo incurrió en violaciones graves en los procedimientos para la aprobación de dichas leyes.
Nueve de los once integrantes votaron en favor del proyecto presentado por el magistrado Pérez Dayan, quien alegó que no hubo libertad ni igualdad para que los diputados votaran en el tiempo entre que fue presentada y que fue votada.
Cabe resaltar que actualmente la SCJN está presidida por Norma Lucía Piña, abierta opositora al Gobierno de la 4T. También que, excepto uno, todos los ministros del actual pleno de la SCJN provienen de procesos de designación en períodos presidenciales pasados, por lo que en su mayoría sus posiciones y decisiones se deben a las visiones e intereses de estos gobiernos conservadores.
Lo primero que hay que resaltar es que, por primera vez desde que los gobiernos conservadores han sometido a la SCJN, los magistrados están tomando decisiones contrarias a las propuestas del Ejecutivo Federal, lo cual es constitucionalmente válido y sano para la división de poderes. Lo segundo, que la mayoría de los magistrados no pueden negar sus antecedentes neoliberales, porque independientemente de la división de poderes y de la obligación del ejecutivo de acatar los fallos emitidos por la Corte, lo cierto es que han demostrado que sus intereses se oponen a la transformación y a las más anheladas y profundas demandas del pueblo mexicano.
Procedimientos legislativos
Para muestra un botón: pese a que las Reformas Educativa y Energética del gobierno de Peña Nieto se impusieron a sangre y fuego por medio de procesos legislativos, por demás anómalos tanto en la forma como en el fondo, ningún magistrado (la mayoría aún se mantiene en el puesto), se opuso ni presentó algún proyecto de invalidez.
Hay que recapacitar en que este hecho representa un área de mejora para los legisladores del movimiento de la transformación, en tanto que no deben dar lugar a equivocaciones en las formalidades de los procedimientos legislativos, ya que pueden convertirse en el pretexto de la SCJN para echar abajo los avances de la 4T.
Sin embargo, el fondo de las leyes invalidadas por la Corte encarnaban una demanda legítima del pueblo mexicano: Democracia Real y renovación del INE, por lo tanto está claro que los magistrados deliberaron movidos por su anquilosada lealtad conservadora.
Con este asunto también se pone de manifiesto la urgente necesidad de instrumentar una reforma al Poder Judicial, de tal manera que, como lo ha expresado el Presidente López Obrador: «en la Constitución de 1857 estaba establecido que los magistrados de la Suprema Corte eran definidos por la voluntad popular».
Poner un granito de arena
El presidente López Obrador gana perdiendo porque quizá no haya logrado el objetivo principal; sin embargo, fiel a su estrategia que consiste en distraer a los opositores mientras instrumenta acciones políticas previendo resultados alternos; logró diluir el mito diseminado por la oposición acerca de la existencia de una dictadura, al acatar la sentencia de la Suprema Corte y con ello hacer efectiva la división de poderes.
Así pues, para que también el Pueblo y el Estado mexicanos ganen, la propuesta está en la mesa y es clara: los militantes y simpatizantes del proyecto de la 4T tienen una oportunidad democrática de oro; que cada cual ponga su granito de arena para lograr la mayoría calificada en ambas cámaras, con el firme objetivo de cerrar el sexenio del Presidente consiguiendo un paquete de Reformas Constitucionales entre ellas la Electoral y la del Poder Judicial.