LORENA GUTIÉRREZ Y DANTE GODOY/NTRZACATECAS.COM
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Junto con el aumento de los hechos violentos en el estado se ha duplicado el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas (CEAIVZ); sin embargo, la labor de este organismo apenas llega a un número mínimo en comparación con las altas cifras de delitos cometidos.

Everardo Ramírez Aguayo, titular del órgano dependiente de la Secretaría General de Gobierno, admitió que las 300 asistencias otorgadas en lo que va del año representan una cifra limitada, al considerar los índices delictivos en la entidad.

Las autoridades de seguridad del estado e incluso el gobernador Alejandro Tello Cristerna han aceptado, en reiteradas ocasiones, el incremento de la inseguridad que se ha vivido durante 2017.

Según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto se presentaron 12 mil 543 denuncias ante las agencias del Ministerio Público por delitos del fuero común.

De ese total, 4 mil 921 fueron por robos y mil 215 de éstos se cometieron con violencia; el registro de lesiones es de mil 166, con 966 dolosas. Además se contabilizaron 129 violaciones y otras 130 agresiones de tipo sexual.

También destacan las cifras de los principales delitos de alto impacto considerados por el SESNSP, pues 46 secuestros y 116 extorsiones en los primeros ocho meses del año son más del doble que el número de casos del mismo periodo de 2016.

En cuanto a asesinatos, el portal del gobierno federal lleva cuenta de 357, pero recientemente Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que el total era de 497, con corte a mediados de septiembre.

De todos estos casos existen personas afectadas y familiares que también sufrieron daños por los hechos que padecieron pero, en perspectiva, el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas representa apenas 2.5 por ciento del universo de delitos denunciados.

 

Falla comunicación

Everardo Ramírez consideró que se requiere una mayor coordinación interinstitucional, sobre todo con la PGJE, para mejorar la atención ofrecida por el organismo que dirige.

Afirmó que actualmente se trabaja con la procuraduría “para que sea más eficiente esa comunicación”.

“Llegan a cuestionarnos por qué no hemos ido a conocer a la persona que mataron en el Mercado Arroyo de La Plata, por ejemplo, pero tenemos que ser respetuosos”, ejemplificó.

La labor de la comisión se complica en los casos de asesinatos principalmente, pues se trata de no revictimizar a las personas afectadas por el crimen.

“Nos dicen que vayamos, pero tenemos que ser respetuosos del dolor de la familia. Creo las autoridades deben ponerse en nuestros zapatos y los de la familia, con la intención de no agredirlos con nuestra presencia”, explicó Ramírez Aguayo.

El trabajo del organismo empieza “una vez pasado el duelo”, cuando se acerca a los afectados para conocer qué apoyo necesitan, el cual se considera como una responsabilidad del Estado y no es sólo monetario, sino también de otro tipo, como terapias psicológicas o atención médica.

 

Poco presupuesto

La falta de recursos es otro problema. En el presupuesto de Egresos 2017 se destinaron sólo 3 millones 274 mil pesos para este tipo de asistencia, contemplada en el proyecto Atención Integral a Víctimas de Delito y de Violaciones de Derechos Humanos.

Uno de los componentes del plan de atención a víctimas de este año es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero en la última evaluación de metas en la Secretaría General de Gobierno este apartado aparece en rojo.

De acuerdo con el reporte más reciente publicado en el portal de transparencia, hasta el cierre del segundo trimestre del año se registraba un porcentaje de cumplimiento de 0 por ciento en Otorgamiento de apoyos a víctimas.

Sin embargo, aseguró Everardo Ramírez, “la reparación del daño no es darle a la víctima dinero o compensarle de manera económica. Algunas víctimas tan sólo con el propio servicio que se les otorga superan la problemática, no requieren de alguna ayuda económica”.

“Desde que se le da el primer acercamiento ya estamos reparando, dándole la oportunidad a la víctima de que supere el trauma. No vamos a esperar una sentencia de un juez o de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para poderles pagar y no ofrecerles un servicio previo”, complementó.

El funcionario recordó que en 2016 atendieron a 148 personas, mientras que este año ya van 300.

“Cada una tiene requerimientos especiales, no todos los casos son iguales. Tenemos víctimas de todo tipo, de homicidios, feminicidios, de todo el catálogo de delitos. Atendemos desde robo hasta abuso sexual”.

Aunque reconoció que todas las personas afectadas por estos crímenes padecen secuelas, Ramírez Aguayo refirió que hay quienes prefieren no ser asistidas “porque superan los problemas muy rápido”.

Largo camino

Otra de las complicaciones para otorgar la atención es la burocracia. El comisionado expuso que ésta es una de las advertencias que se les hacen a las víctimas que comienzan el proceso de reparación y por la que algunos prefieren asesorarse de forma privada.

“Les digo a las personas: esto apenas empieza. Esto va a generar molestia porque vamos a estarlos citando al ministerio público, juzgados y otras autoridades”, detalló; ante estas circunstancias, muchos desisten de continuar hasta obtener el apoyo.

Por último, el titular de la Comisión ejecutiva dijo que el objetivo siempre es la reparación integral del daño, mejorar la asistencia que se brinda y aumentar el espectro de beneficiados.

“No hacemos diferencia entre las víctimas. A todas las que han sufrido un hecho se les da el servicio”, finalizó.

 

RECUADRO:

Delito en cifras:

12,543 denuncias ante el ministerio público, de enero a agosto de 2017

 

497 asesinatos*

 

46 secuestros

 

129 violaciones

 

130 otros delitos sexuales

 

1,166 lesiones

 

966 dolosas

 

4,921 robos

 

1,215 con violencia

 

116 extorsiones

 

Información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 20 de septiembre, con corte al 31 de agosto.

*Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con corte al 11 de septiembre


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