La cifra de jóvenes que se convierten en delincuentes va en aumento en Zacatecas, pero aunque cometan delitos de alto impacto, como secuestro u homicidio, la pena máxima que se les podría aplicar es de sólo cinco años, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
En Zacatecas se dieron casos que generaron conmoción entre la sociedad, como el del feminicidio de la quinceañera Karen Dayana, en Jerez, cuyo asesino se entregó a la justicia pero, de comprobarse su culpabilidad, únicamente purgará cinco años en la cárcel, pues tenía 16 años cuando sucedieron los hechos; asimismo, sus cómplices (también menores) fueron juzgados por sólo dos y tres años.
En contraste, alguien mayor de 18 años puede ser condenado a penas de hasta 50 años de prisión por el mismo delito; es decir, el homicida y sus cómplices libraron hasta 45 años de prisión al tomar en cuenta la edad que tenían cuando cometieron el delito.
La edad penal es un tema que ha generado gran controversia entre quienes están a favor de los beneficios que reciben los menores infractores y quienes consideran que muchachos de 15 o 16 años ya son responsables de sus actos, por lo que se les debería castigar según la gravedad de sus crímenes.
En este trabajo especial, NTR Medios de Comunicación entrevistó a especialistas en la materia: Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); Aquiles González Navarro, reconocido experto en materia jurídica que también ocupó dicho cargo y Arturo Nahle García, igualmente ex procurador y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
Discernir entre
el bien y el mal
El magistrado Arturo Nahle consideró que en este tema tan polémico “estamos atados a una camisa de fuerza”. “Esta camisa es la propia Constitución y son los tratados internacionales que nos dicen que los menores de 18 años que cometan algún delito tienen que ser procesados de manera diferente”, especificó.
La Ley Nacional de Justicia para Adolescentes establece que los menores de 12 años que cometan algún delito no recibirán sanción alguna, ni siquiera pueden ser sujetos de algún proceso. Arriba de esa edad se establecen tres grupos: de 12 a menos de 14, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18 años.
Las medidas de sanción varían con base en el grupo de edad; en el tercero, por ejemplo, si hay comisión de delitos de alto impacto, la medida incluye internamiento. Cinco años es el castigo más severo que se podría aplicar para estos infractores, incluso podría ser menor, pues la pena se reduce en virtud del “avance” que presente el menor durante su reclusión.
Sobre este punto, Nahle García cuestionó: “¿hay mucha diferencia entre la capacidad de querer y entender entre un menor de 17 años y medio y uno de 18 años?”.
De acuerdo con el ex procurador, “hoy en día, un muchachito de 16 años de edad o menos ya tiene perfecta capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es legal y lo que es ilegal, entre lo permitido y lo prohibido”.
“Mi opinión es que el tema de la edad penal debe ser materia de un gran debate nacional, incluso internacional, porque no creo que un muchacho de 17 años no tenga capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal; no creo que un muchacho de 17 años y medio no sepa discernir entre lo bueno y lo malo”, reiteró.
Al igual que el titular de la PGJE, el magistrado del TSJEZ aseguró que los grupos delincuenciales ocupan a los jóvenes como “carne de cañón” aprovechando esta condición de la ley y hasta informan a los infractores sobre sus beneficios ante la justicia, lo que consideró como grave.
“Trabajé casi cinco años en la procuraduría y tuvimos infinidad de casos en los que estaban involucrados menores de edad y lo primero que decían cuando eran detenidos era: soy menor de edad. Tienen conocimiento, información y capacidad, saben perfectamente lo que hacen”.
Cómo olvidar, recordó, el caso de aquel muchacho de 13 años que los medios de comunicación bautizaron como el “niño sicario”, quien confesó que había participado en por lo menos 10 homicidios. El juez lo dejó ir el mismo día en que lo detuvieron y ocho días después apareció ejecutado por el cártel contrario al que pertenecía.
Nahle García advirtió que, si el adolescente se hubiese quedado internado, “seguiría vivo y con la posibilidad de ser reformado”.
“El tema de la edad penal no es fácil, pues vamos a encontrar opiniones en un sentido y en otro, pero hoy en día los menores, la gran mayoría tienen toda la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal”.
Fallas en la rehabilitación
En contraste con la opinión de Arturo Nahle, Aquiles González sostuvo que un menor de 18 años no tiene la suficiente madurez ni capacidad de criterio ni conciencia social, por lo que no debe ser sancionado, sino rehabilitado cuando comete algún delito.
El abogado, quien el año pasado recibió la Medalla al Mérito Jurídico Tomás Torres, refirió que hay teorías antiguas, como la romana, que establecen que la ley es para intimidar y, en cambio, las modernas creen en la rehabilitación, en un tiempo de entre cinco y 10 años.
Pero cumplir las expectativas de una correcta reinserción a la sociedad sería complicado debido a las fallas exhibidas sobre el funcionamiento de las penitenciarías de México.
“Los centros de rehabilitación se llaman así, pero no aplican como tal; en realidad se trata de escuelas del crimen, porque no hay una estructura educativa que rehabilite al delincuente y éste es un verdadero problema para el país”, lamentó González Navarro.
Dijo que lo mismo aplica para los tutelares, al considerar que no existe un interés real por reformar a los menores y lo que se aplica es un castigo, no una rehabilitación como tal.
Según el también ex procurador, es incongruente que a un joven de 16 o 17 años que comete un delito se le pida valorar el daño que hizo y estar consciente de su crimen, pero por otro lado no se le considera capaz para votar.
Aquiles González consideró que los jóvenes que incursionan en la delincuencia organizada son usados, se convierten en un instrumento, “como una pistola, un cuchillo, como un perro que alguien cuchilea contra un ser humano y, por tanto, no se castiga al perro, sino a quien lo incitó a atacar; no a la pistola, sino a quien disparó”.
“El responsable de esta realidad es el estado, que no ha logrado darles las condiciones mínimas indispensables a los jóvenes para salir adelante”.
Cada vez más
A pregunta expresa sobre la incursión de adolescentes en la comisión de delitos de alto impacto, el procurador general de Justicia del Estado lamentó que la cifra vaya en aumento en la entidad; actualmente, detalló, hay varios procesos en contra de menores de edad homicidas y secuestradores.
Sin embargo, Murillo Ruiseco aclaró que las modificaciones en este tema no dependen de la legislación del estado, sino del Congreso de la Unión.
Puntualizó que esta realidad no es exclusiva de Zacatecas, pues se trata de un comportamiento nacional que se ha acentuado en los últimos años.
En el caso de grupos del crimen organizado, expuso que el aumento de adolescentes que se incorporan a sus filas se debe a que los grupos delictivos conocen que la punibilidad es baja para menores de edad, por lo que los usan como “carne de cañón”.
“Me parece que la delincuencia puede estar reclutando jóvenes atendiendo a que posiblemente la pena es muy baja en delitos de alto impacto”, apuntó el funcionario.
Por último, resaltó que los adolescentes implicados en delitos no sólo participan como imputados, sino que también resultan víctimas y, en Zacatecas, las cifras de muertos por la violencia del crimen se va nutriendo más de este sector.