A una semana de tomar posesión del cargo, Jehú Salas Dávila, secretario general de Gobierno, fue cuestionado, en su comparecencia ante la LXIII (63) Legislatura, principalmente por la inseguridad y por los conflictos mineros.

En su discurso, retomó temas que corresponden a la Coordinación General Jurídica, cargo que ocupaba antes; habló de programas correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o la iniciativa ciudadana, como Taxi Rosa y Diana Doble. Sin embargo, tras la sesión de preguntas y respuestas, fue criticado por no abundar en todas las dudas de los diputados.

Expuso que es “producto de la educación pública” y que considera el nombramiento que se le dio es “una oportunidad para mostrar que las nuevas generaciones podemos contribuir en el mejoramiento de nuestro país”.

En su comparecencia ante la Legislatura, aseguró que no representa a grupo político alguno y que no defenderá intereses particulares. Asimismo, prometió que será tolerante a “la crítica que genera el crecimiento individual” y que siempre tendrá disposición al diálogo.

Sin embargo, exigió a sus colaboradores resultados, para promover una atención cercana con los ciudadanos.

Salas Dávila apuntó que la comparecencia ante los diputados le representó una ocasión para abrir diálogo, aclarar, temas, corregir errores y orientar el rumbo “hacia donde sea necesario”.

Enfatizó también que la comunicación será permanente con partidos políticos y cualquier organización de la sociedad civil, así como las administraciones municipales, caso en el que destacó que la diferencia de ideologías políticas no es una limitante para realizar acciones conjuntas con el Poder Ejecutivo.

 

Recuerdan a

Fabiola Torres

En la comparecencia del secretario general de Gobierno, los representantes de las bancadas de la LXIII (63) Legislatura abordaron los temas pendientes a resolver por la dependencia, como la seguridad, el problema de la violencia de género, la relación con las mineras instaladas en el estado y el combate a la impunidad.

Las fracciones de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) reprobaron el desempeño de la Secretaría General de Gobierno durante la gestión de la anterior titular, Fabiola Gilda Torres Rodríguez.

Enfatizaron que hubo nulos resultados por parte de la ex funcionaria y que, desde que ejerció el cargo, se caracterizó por no tener un diálogo abierto con la sociedad.

“Mostró una actitud agresiva, distante y, hasta en ciertos momentos, enfadada de los cuestionamientos de los nulos resultados en materia de políticas públicas”, puntualizó el petista José Dolores Hernández Escareño.

En ese sentido, los demás legisladores consideraron que se requiere que la dependencia trabaje con apertura y que se enfoque en prevenir conflictos, no en resolverlos, pues señalaron que a la anterior secretaria le faltó empatía para lograr este objetivo.

En contraste, los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendieron la labor de Torres Rodríguez, aunque reconocieron que la secretaría, ahora a cargo de Salas Dávila, debe hacer cumplir el compromiso que hizo Alejandro Tello Cristerna en seguridad.

La fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se enfocó en este mismo tema y cuestionó la falta de inversión para combatir la delincuencia, lo que, dijeron sus integrantes, ha repercutido en el desarrollo económico.

Posterior a cuestionamientos en materia de inclusión, el funcionario se limitó a contestar de manera general en temas de seguridad, en particular sobre los casos de Litzi Saraí, así como del feminicidio de la niña San Juana.

 

Controversia con la Federación

Durante su comparecencia, Jehú Salas retomó el tema de los impuestos ecológicos, actualmente en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), proceso que estuvo a su cargo al desempeñarse como coordinador general jurídico del gobierno del estado.

“Ha sido una decisión sumamente valiente tanto del gobernador como de los diputados que integraron la LXII (62) Legislatura, de afrontar a uno de los poderes más fuertes a nivel nacional, de tratar de darle sentido social a la actividad minera”, destacó.

Asimismo, consideró que es un deber moral de las mineras devolver “un poco” a la tierra que les da rentabilidad económica.

Enfatizó que, según la resolución de la SCJN sobre este tema, tras la controversia interpuesta por Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo Federal, se dará cuenta “si el gobierno federal hace alusión a la Constitución”.

“Veremos si es un federalismo auténtico con la posibilidad jurídica que tienen las entidades federativas de generar sus propios impuestos, o veremos si es un federalismo sólo en papel”, cuestionó.

Como lo dijo cuando estuvo al frente de la Coordinación General Jurídica, ahora como secretario general de Gobierno reiteró que se mantiene el optimismo en que la SCJN resuelva a favor del gobierno de Zacatecas.

Ante el cambio de administración, con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de la República, Salas Dávila recalcó que “esperamos que pronto se dé una resolución que marque un precedente importantísimo para Zacatecas y para todos los estados”.

Inseguridad sigue igual, señalan a Camberos

Con una comparecencia de poco más de cinco horas, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Ismael Camberos Hernández, fue ampliamente cuestionado sobre los diversos problemas que atañen al estado, donde la mayor parte de diputados aseguraron que, pese las estrategias y acciones, la problemática sigue sin solución.

En su asistencia ante el pleno del Congreso, los diputados hicieron énfasis en cuestionar sobre lo que dijeron “son los reclamos que se recogen de la sociedad”, como la confiabilidad en las corporaciones de seguridad al actuar, la falta de elementos en municipios, la debilidad del sistema penitenciario, la capacidad y profesionalización de los elementos policiacos, las estrategias de prevención del delito y los altos índices delictivos, de acuerdo con diferentes estudios.

Durante su participación, el funcionario expuso los avances que en materia de seguridad pública registra la entidad a dos años de ejercicio, donde puntualizó que, como a nivel nacional, “el tema de seguridad se ha tornado complejo”, por lo que este rubro se convirtió en el de mayor prioridad en el estado.

Detalló que la estrategia con la que se rige la SSP para el combate a la seguridad deriva de siete ejes: prevención del delito, certificación policial, reforzamiento de tecnologías de inteligencia, la articulación interinstitucional de corporaciones de seguridad pública, el reforzamiento de tema penitenciario, así como del Secretariado Ejecutivo y la procuración de justicia; para con éstos cumplir el objetivo de alcanzar la paz y posicionar a Zacatecas como un estado seguro.

El incremento de la  plantilla de policías de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al pasar de 945 elementos a mil 266, de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, pues, además se rebasó la meta que se tenía, así como la inversión de 22 millones 130 mil pesos para equipar a los elementos con prendas de protección, chalecos, patrullas y un camión anti-motín; además de los aseguramientos de armas y vehículos, y la detención de criminales, fueron parte de los logros que destacó.

Luego de referir el trabajo de la SSP, en el que expuso cifras y resultados, la mayor parte del pleno cuestionó si las medidas y estrategias planteadas realmente son eficientes a la magnitud del problema, dado que la incidencia de diferentes delitos, muchos de ellos de alto impacto, como los homicidios, secuestros, feminicidios, se registran en la entidad diariamente.

En este tenor, el diputado de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Adrián Menchaca, enfatizó que los zacatecanos viven con miedo, por lo que sugirió que el problema de inseguridad se debe atacar desde la óptica sociológica, al mejorar los niveles de vida de la gente, pues dijo, “poco se logrará si no mejoran las condiciones, pues el crimen se convierte en opción de vida para muchos sectores, principalmente en niños y jóvenes”.

Al respecto, Camberos Hernández aceptó que los crímenes cada vez más se generan en espacios públicos; donde incluso, sin precisar un número, debido al grado de encono entre los grupos rivales surgieron varias víctimas colaterales.

Otra de las preguntas más reiteradas por los legisladores fue el bajo número de elementos que, si bien refirió que aumentaron, hay 20 municipios, casi una tercera parte del estado, con un número menor a 10 policías para proteger la seguridad de los habitantes.

En este punto, se ahondó sobre la posible colusión de policías con grupos delictivos, en los que el titular de Seguridad sentenció que “no se puede decir que no se tienen miembros que tengan nexos con la delincuencia, pero no es generalizado” y agregó que, las policías son sólo reflejo de la sociedad, pues “así como hay trabajadores hay quienes delinquen. Pero los malos, son menos”, dijo.

Aunque las estrategias se pusieron en tela de juicio por su efectividad, reiteró que no habrá cambio en éstas, y se limitó a decir que sólo se reforzarán.


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