LORENA GUTIÉRREZ/NTRZACATECAS.COM
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Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el gobierno de Zacatecas cobre impuestos en materia ambiental, tras concluir que el estado no excede las facultades de la Federación al hacerlo; sin embargo, falta que el máximo tribunal precise en qué términos se aplicarán estas contribuciones.

Este jueves, el pleno de la corte continuó la discusión de la controversia constitucional promovida en 2017 por Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, contra las cargas tributarias establecidas en el primer año de mandato del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Tras finalizar los posicionamientos sobre el proyecto que presentó Norma Lucía Piña Hernández, ocho ministros votaron a favor de Zacatecas, pues coincidieron en que la entidad puede implementar este tipo de gravámenes.

En este sentido se posicionaron Piña Hernández, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán.

Se registraron dos votos en contra, de los ministros Luis María Aguilar Morales y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, quien reiteró su postura con el argumento de que no hay sustento para la competencia local.

En su intervención, Aguilar Morales arguyó que el estado no tiene facultades porque los impuestos en análisis “no permiten identificar un hecho imponible ni una manifestación de riqueza” y advirtió que el Congreso de Zacatecas “pretende dar a estas contribuciones un fin extrafiscal”.

Afirmó que la vía tributaria no es adecuada para los fines ecológicos, toda vez que consideró que la intención del estado “en realidad es prever una serie de sanciones a las personas que contaminen”; sin embargo, apuntó, los impuestos no se justifican “por los resultados ilícitos de los que sean responsables”, pues para eso hay sanciones administrativas o incluso penales.

Modifican proyecto

Aunque reconoció que la entidad tiene facultad concurrente para establecer los gravámenes, el presidente del pleno, como la mayoría de los ministros, cuestionó la metodología, al subrayar que “no es lo mismo llegar a una conclusión vía análisis de distribución de facultades de la Constitución, que sobre una premisa de si el estado tiene facultad para legislar en la materia”.

“Este precedente me parecería peligroso, porque creo que vendría no sólo a dificultar toda una doctrina constitucional tributaria, que se ha construido en este tribunal desde hace años, sino que podría generar problemas prácticos para saber qué pueden hacer y qué no los estados”, expuso.

Por ello, Zaldívar Lelo de Larrea retomó las consideraciones de la mayoría para reservarse por pronunciamientos individuales, de cada uno de los artículos en revisión. En ese sentido hubo votos concurrentes y particulares para revalorar la metodología del proyecto resolutivo, debido a las discrepancias y por las modificaciones que pudiera tener.

Sobre este punto, la ministra ponente sugirió añadir las contribuciones y “enriquecer el proyecto”, pero luego aceptó que se hiciera en vez una sustitución, pues el Pleno consideró que sólo incluir las argumentaciones no sería suficiente.

Ante los reparos sobre el marco tributario general, Piña Hernández refutó que “es necesario tener conciencia de que éstos son instrumentos económicos en materia ambiental, no son impuestos, no son contribuciones para contribuir al gasto público”.

Esto pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades estatales declararon que se trataban de medidas para aminorar el déficit presupuestal de la entidad, después de que en el cambio de administración distintos sectores del gobierno reportaran dificultades por la falta de recursos. Esa misma observación hizo Margarita Beatriz Luna Ramos, ausente en la sesión de este jueves.

Cuando comenzó la discusión, la ministra llamó a analizar los objetivos de los impuestos, pues señaló que, de acuerdo con su propia redacción, se debían meramente a recaudación y no correspondían con el espíritu de la ley general en materia ambiental.

Así lo señaló también la iniciativa privada en un principio. A propósito de esta polémica, Pérez Dayán recordó que en la Segunda Sala de la SCJN están en revisión los amparos promovidos por afectados por dichas contribuciones, cuyos argumentos “no son esencialmente competenciales”.

Estos amparos los interpuso la trasnacional Grupo Modelo, como Compañía Cervecera de Zacatecas y Envases y Tapas Modelo, además que existen otros de corporativos mineros que operan en el estado y son sobre los conceptos específicos que grava el gobierno de Zacatecas.

Alberto Pérez subrayó que “los conceptos de invalidez que siguen: riqueza; proporcionalidad; equidad; Artículo 31, fracción cuarta, en general, no coinciden”.

Es decir, lo siguiente es analizar las competencias específicas en cada una de las materas: emisión de gases a la atmósfera; de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el depósito o almacenamiento de residuos, por lo que resta discutir los términos de la resolución.

Celebra el gobernador “triunfo del federalismo”

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, aplaudió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara el llamado Impuesto Ecológico, “en un hecho histórico para Zacatecas y toda la República Mexicana”.

“No es un triunfo para Alejandro Tello, es un triunfo para el federalismo mexicano, que beneficiará a todos los estados de la República”, afirmó en un comunicado, este jueves.

Resaltó que “la iniciativa promovida por su administración ahora no sólo tiene el aval de los Poderes de su estado, sino también del Poder Judicial de la Federación, lo que demuestra la legalidad de las decisiones que se toman en beneficio de los ciudadanos”.

Sin embargo, reconoció que falta determinar cómo se realizará el proceso de cobro y la SCJN también debe pronunciarse respecto los amparos que fueron promovidos por distintas compañías. Recordó que la controversia constitucional promovida el 14 de febrero de 2017 por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, entonces Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo federal, establecía que el estado invadía facultades de la Federación con las contribuciones.

El entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidió declarar la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas y las normas relacionadas a la aplicación del Impuesto Ecológico en sus diversas modalidades.

“Desde ese momento, la entidad cobró relevancia nacional pues, gracias a la iniciativa del Ejecutivo estatal y el apoyo de las diferentes fracciones representadas en el Congreso local, el máximo tribunal del país analizó, discutió y validó la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas”, se resalta en el boletín oficial.

“Lo dije desde que presentamos el paquete económico al Congreso: éste es un acto de estricta justicia social y reciprocidad con Zacatecas, y no una imposición deliberada para las empresas, ni tampoco un capricho personal”, recordó Tello Cristerna.

Reiteró que la decisión de los magistrados coloca a Zacatecas “como punta de lanza en materia de responsabilidad ambiental”, toda vez que agradeció el respaldo de los integrantes de la LXII (62) Legislatura, por aprobar en 2016 el paquete económico que incluía los impuestos.

“Con esto demostramos que, sin importar los colores partidistas, hacer equipo por Zacatecas y trabajar unidos no sólo se refleja en buenos resultados, sino en legados que quedarán para la historia de nuestro estado”, aseguró Alejandro Tello.

Destacó que, con la validación del Impuesto Ecológico, “ahora todas las empresas serán corresponsables con el estado y su población, en la medida en la que contaminen y esos recursos permitirán conservar y preservar el medio ambiente”.

Ante la polémica que ha generado su propuesta en la iniciativa privada, el titular del Poder Ejecutivo estatal afirmó que “no se perderán empleos, no se ahorcará a ninguna empresa, ni se afectarán las percepciones de los trabajadores”.

“Por el contrario, aseguró, en cumplimiento a los tratados internacionales, se promoverá la prevención y se incentivará a las empresas que en armonía con las comunidades y su entorno protejan al medio ambiente, mediante diferentes frentes que tienen que ver con salud, educación y remediación ambiental, por mencionar algunos”.

Para finalizar, el gobernador aclaró que los recursos que se recauden no se destinarán al pago de nómina ni al déficit educativo, “pero sí fortalecerán las finanzas estatales para prevenir, conservar y estimular a las empresas, a fin de que no contaminen”.


Nuestros lectores comentan

  1. Ante tantos pasos errados del acto Gobierno (Ojalá este no sea uno más) se hace mucho ruido con un asunto que puede ser más delicado de lo que parece. Muy bien que se cobre a las empresas que dañan el medio ambiente pero, ese recurso de verdad se aplicará a revertir ese supuesto daño ecológico o irá a parar al uso indiscriminado de una pesima administración de Gobierno?