Los dirigentes de PAN y PRD reviraron que las acusaciones de la Estafa Legislativa son supuestos y advirtieron que se trata de un “pleito” en Morena, mientras que el del PRI consideró que las acciones señaladas están dentro del marco de la ley y afirmó que respaldan a sus diputados.
“Que se sancione a quien se tenga que sancionar si hubo una ilegalidad”, afirmó la presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, tras ser cuestionada por la presunta responsabilidad de legisladores albiazules en la denuncia de triangulación de recursos a través de empresas fantasma.
Argumentó que la acusación del diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ernesto González Romo es solo un “supuesto”, debido a que la contratación de servicios no está regulada como, aseguró, en periodos anteriores por herramientas legislativas.
Explicó que esto le permitió a la LXIII (63) Legislatura aprobar un presupuesto y contratar empresas, donde “si es caro o no el servicio es un tema que se deberá regular en lo posterior, pero no estamos hablando de que haya un fraude comprobado”.
Acotó que en el caso de que no existieran las empresas, como acusó González Romo, deberá sancionarse; sin embargo, esto deberá ser investigado por las instancias correspondientes, al agregar que considera que el asunto es “un pleito entre morenistas de chantaje político”.
Raymundo Carrillo Martínez, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas, coincidió en que esta denuncia pública es parte de una plan de concentración de recursos.
“Estoy calculando que es una estrategia ejecutiva, así como se están llevando todo al sur, así también quieren de los tres poderes que todo se quede en el Ejecutivo […]. La estrategia que observo en ese canibalismo que es Morena en Zacatecas tiene que ver con el acomodo y los pleitos que ellos traen”, declaró.
Enrique Flores Mendoza, dirigente del Partido del Revolucionario Institucional (PRI), se limitó a decir que tienen que intervenir las autoridades competentes para la investigación del caso. “No nos corresponde como dirigentes de un partido más que respaldar y solidarizarnos con nuestros legisladores”.
Aseguró que desde su perspectiva no hay una condición ilegal: “parezca onerosa o no una asesoría, para un punto de acuerdo, una asesoría, un exhorto no hay algún tabulador previo, es un acuerdo entre particulares, así se autorizó en un primer momento en el Poder Legislativo”.
Por ello, aclaró que no efectuarán acciones al interior del partido, sino que respaldarán y se solidarizan con los legisladores tricolores, porque “en este país todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Se deslinda la CRICP
Los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la LXIV (64) Legislatura expresaron su preocupación por la gravedad de los señalamientos de Ernesto González Romo sobre lo que “podrían constituirse como presuntos actos ilícitos cometidos” por diputados de la administración anterior.
Sin embargo, aclararon que los pronunciamientos “no representan una postura oficial de este Poder Legislativo”, al considerar que “son criterios anticipados y vulneran el principio de presunción de inocencia”.
Además, explicaron que aún no culmina el proceso de entrega-recepción y que este poder no se constituye como un ente de procuración e impartición de justicia, por lo que invitaron a González Romo a realizar las denuncias pertinentes.
Aseguraron ser respetuosos con el proceso de investigación para que se investigue, clarifique y castigue todo presunto caso de corrupción.
Firmaron el documento los coordinadores de las bancadas de Morena, Imelda Mauricio Esparza, también presidente de la CRICP; del PRI, Gabriela Basurto Ávila; PAN, Guadalupe Correa Valdez; PT, Xerardo Ramírez Muñoz; Nueva Alianza, Soralla Bañuelos de la Torre; PRD, José Juan Mendoza Maldonado; PES, Roxana Muñoz González, y del PVEM, Humberto de la Torre Delgado.