Con 20 votos a favor y uno en contra, de la diputada del PES Roxana Muñoz, se aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley para la Prevención y la Atención del Desplazamiento Forzado Interno en Zacatecas; el llamado fue “que no quede en letra muerta”.
Tras calificar el tema como trascendental, el legislador Xerardo Ramírez, del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que es “un instrumento de vanguardia frente a este fenómeno tan lamentable consecuencia de la inseguridad”. Sin duda, afirmó, coadyuvará a salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
“Como bien dijo el obispo de Zacatecas [Sigifredo Noriega Barceló], los hechos están por encima de los discursos”, por lo que el diputado consideró que es un llamado de atención a los actores políticos para que la seguridad sea lo más importante.
Ernesto González, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reconoció que es “un tema delicadísimo, que jamás pensamos que íbamos a debatir”. Calificó la situación como triste y complicada, por lo que “todos estamos ansiosos [de] que pronto termine”. Además, criticó que son muy distintos los resultados en apoyos y los de seguridad: “no son los que quisiéramos”.
Refugio Ávalos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que esta ley da a las víctimas una esperanza de poder contar con las herramientas para paliar el éxodo que han sufrido. Al resaltar que representa Jerez de García Salinas, uno de los municipios con el mayor problema, advirtió: “ojalá esta ley no tenga que ser utilizada de manera frecuente”
“Vivir desplazado no se le desea a nadie, así es que todos debemos coadyuvar y que nos ayuden a que no se necesite. Le debíamos la ley a la gente, sobre todo a los que no han regresado, una ley que hoy hace tanta falta”, enfatizó.
Sobre esto Fernanda Miranda, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló: “no quisiéramos legislar sobre estos temas, pero es necesario un marco jurídico, por la gente que no tiene un sustento por haber sido desplazada; esperemos que se lleve a la práctica y no quede en letra muerta”. Refirió que “ha habido apoyo”, pero es insuficiente y continúa la necesidad. “Esperemos que se lleve a la práctica”, insistió.
Al hacer uso de la voz, el priista David González, quien promovió la iniciativa, sostuvo que ojalá la ley sea parcial, no permanente, y “que la condición no permanezca, que no exista, ya que, si se usa, es porque hubo una falla”. “Tenemos desplazados en Jerez, Valparaíso, pero estoy tristemente convencido que el desplazamiento se da en todos lados”, lamentó.
Al retomar el punto, Xerardo Ramírez apuntó: “no quisiéramos legislar al respecto, pero estamos dotando de un instrumento a los desplazados, un instrumento que dé protección a quien, desafortunadamente, ha padecido. El tema preocupa y ocupa, y deseamos que sea la prevención la que domine”.
Esta ley tiene por objeto establecer las atribuciones y la distribución de competencias entre el gobierno estatal, los ayuntamientos y los organismos autónomos para la prevención del desplazamiento forzado interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para su superación.
Se deberá integrar el Sistema Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado, que emitirá los protocolos de actuación, y, en coordinación con los Municipios donde existan riesgos, se implementen medidas preventivas, como acciones jurídicas.
También la Secretaría General de Gobierno tendrá que llevar a cabo los actos necesarios para constituir el Fondo Estatal de Contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, en un término de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.