Con 28 votos a favor, la LXIV (64) Legislatura del Estado separó de su cargo y retiró el fuero constitucional al presidente municipal de Guadalupe, Julio César “N”, a quien se le acusa de ser presunto coautor del homicidio del abogado y músico Raúl Calderón Samaniego.
Con ausencia de los diputados Nieves Medellín Medellín y Armando Juárez González, la votación se dio en la sesión legislativa de este viernes, un día después de que la Comisión Jurisdiccional presentara el dictamen positivo a la solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que ya tiene una orden de aprehensión dada por una jueza contra el ahora ex alcalde, de extracción morenista.
El diputado Enrique Laviada Cirerol subrayó la importancia del trabajo de la comisión que encabeza, que dio prontitud al desafuero ante la demanda constante de justicia por parte de la familia de Raúl y de la opinión pública.
Morena señala irregularidades
En la discusión, la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) coincidió en aprobar el dictamen de desafuero, pero criticó que el proceso había sido acelerado y que estaba “lleno de vicios”.
La diputada Maribel Galván Jiménez recalcó que la Legislatura tiene la obligación de respetar el principio de garantía de audiencia con los márgenes de actuación de este poder.
“Habré de votar a favor del dictamen y serán los tribunales quienes determinen”, declaró, pero consideró que hubo “falta de profesionalismo en el manejo de la información” que violó el principio de presunción de inocencia.
Violeta Cerrillo Ortiz concordó en que se violó el debido proceso al no darle garantía al inculpado para responder y conocer los elementos de prueba por los que se le acusan.. “Se perdió la oportunidad de tener un proceso pulcro”, insistió.
También Gabriela Pinedo Morales advirtió que se debería evaluar si se violentaron los procedimientos apresurando el caso. Sin embargo, reconoció que con este precedente se abre la posibilidad de discutir la permanencia de la inmunidad procesal o si es momento de eliminarla mediante reformas.
Resaltó que el sentido del voto de Morena fue para posibilitar que la justicia pueda ser impartida, en correspondencia con Ernesto González Romo, quien agregó que la intención es que “el alcalde pueda defenderse en los tribunales”. En Morena, recalcó, no se solapará ni interferirá con los procesos que se tengan que seguir.
Defienden trabajo de la comisión
Aun en medio de la violencia que se padece en Zacatecas, “nunca antes había sucedido algo así”, por lo que la Comisión Jurisdiccional estaba en una situación que demandaba actuar con compromiso y rapidez, sentenció Enrique Laviada.
“Tuvimos que actuar a sabiendas de que nuestros reglamentos están desfasados en la materia penal actual. Tuvimos que aplicar la responsabilidad y racionalidad parlamentaria. Pusimos en la balanza lo que convenía al proceso parlamentario, a lo que nos toca resolver”.
Laviada Cirerol rechazó que cualquiera de los diputados que integran la Comisión Jurisdiccional actuaran de mala fe y afirmó que se cumplieron los plazos, “tan se hizo que los abogados [de Julio César “N”] se presentaron”, es decir, tuvieron oportunidad de comparecer.
“No hay dictamen perfecto, pero yo no me atrevería a invitarlos a votar por un dictamen plagado de vicios y errores. Jamás los llamaría a votar por un dictamen donde se pidieron violar los derechos humanos o que se pusieran en duda principios constitucionales. Jamás lo haría, no tiene sentido eso”, enfatizó.
Reiteró que con la votación no se juzga al imputado, sino simplemente se determina si se le retira la inmunidad constitucional.
Momentos difíciles
Jehú Salas Dávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que hubo angustia y consternación entre los diputados tanto por la familia de la víctima como por la del imputado. Calificó a éste como uno de los momentos más complejos que se han tenido en la última década en el Poder Legislativo.
Como lo hiciera Laviada Cirerol, aclaró que la declaración de procedencia del desafuero no se trata de un juicio porque no se juzga si hay o no un delito ni si hay culpa o no del involucrado.
Defendió que el procedimiento se agotó a la brevedad posible debido al grado de exigencia social y al comunicado que difundió Julio César “N” para expresar su deseo de enfrentar la acusación con defensa legal.
Por responsabilidad
En su intervención, Priscila Benítez Sanchez, legisladora de Nueva Alianza, opinó que no se pueden pasar por alto las graves acusaciones contra Julio César “N”, al recordar que el pueblo de Zacatecas está dolido por la violencia que azota a la entidad.
Recordó que ella misma fue quien pidió al titular de la FGJE, Francisco Murillo Ruiseco, durante su comparecencia, que el asesinato del abogado Raul no quedara impune y que exhortó a las instituciones a que garantizaran justicia para las víctimas.
Por otra parte, José Juan Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que Murillo Ruiseco cumplió su palabra de judicializar la carpeta de investigación del caso de Raúl a la brevedad y “más allá de intereses políticos”, lo que deberá ser con el resto de las víctimas.
Advirtió que el asesinato de Raúl y el involucramiento de un presidente municipal“demerita a toda la clase política en su conjunto”, por lo que llamó a la responsabilidad y a la reflexión.
“Se creen intocables, asumen conductas desafiantes y temerarias, pero sobre todo creen que pueden estar por encima de los demás mortales y decidir sobre la vida de otra persona. Nadie, en el pleno ejercicio de sus libertades, puede atentar en contra de la vida de otro ser humano, eso es aberrante, es moralmente reprochable, es socialmente inadmisible”.
