CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno federal quiere ahora echar mano de los ahorros de la Corte y del Poder Judicial para que se depositen en el recién creado Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB).
Inicialmente se pretendía que los 16 mil 360 millones de pesos de ahorros que se encuentran en 11 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) se utilizaran para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán «Otis», pero ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere fondear con ellos el nuevo plan de pensiones.
El Ejecutivo incluyó estos fideicomisos en el Artículo Cuarto de su decreto del pasado 1 de mayo por el que se creó el FPB, y se trata de una de las principales fuentes de financiamiento.
«Los remanentes, así como los productos y aprovechamientos que se generen de los mismos, derivados de los fideicomisos del PJF, deberán ser entregados a la Secretaría de Hacienda, siempre que sea procedente, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso», menciona el decreto sobre el origen de las aportaciones al FPB.
El problema es que ese dinero difícilmente será entregado por el Poder Judicial.
La reforma legal de octubre de 2023 para extinguir los 11 fideicomisos fue suspendida en diciembre por el Ministro Javier Láynez, y todo indica que será anulada por el Pleno de la Corte cuando sea discutida la acción presentada por diputados y senadores de Oposición.
Además, múltiples jueces federales han concedido suspensiones definitivas en amparos promovidos por personal del Poder Judicial, con lo que prohiben concentrar el dinero en la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Estas suspensiones impidieron a la Presidenta de la Corte, Norma Piña, seguir adelante una negociación con el Gobierno para destinar los fideicomisos a la reconstrucción de Acapulco, como pidió el Presidente López Obrador a finales de octubre.
Fuentes judiciales han estimado que tres fideicomisos de la Corte y uno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que son poco utilizados, tienen saldos menores y no fondean prestaciones laborales, tal vez podrían ser entregados al gobierno, pero su monto combinado es de apenas 2 mil 590 millones de pesos.
Fuera de estos fideicomisos, y de los 40 mil millones de pesos que el gobierno espera recaudar de cuentas inactivas en las Afores de mayores de 70 años, las demás fuentes de financiamiento del FPB tienen recursos mínimos o impredecibles, como remanentes de ventas de bienes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) o eventuales ganancias de las paraestatales militares.
El FPB busca complementar las pensiones de quienes empezaron a cotizar en 1997 en el regimen de Afores, de tal forma que al retirarse perciban al menos el salario base promedio del IMSS–actualmente, 16 mil 100 pesos mensuales–, y el gobierno estima que para 2030 requerirá 130 mil millones de pesos.
El FPB es adicional a otras ayudas como la Pensión de Adultos Mayores para el Bienestar, financiada exclusivamente por el presupuesto federal, que paga tres mil pesos mensuales a todos los mayores de 65 años.
Staff
Agencia Reforma