Por lo menos uno de cada cuatro residentes en California, con cerca de 38 millones de personas, es inmigrante y la mayoría conserva las creencias religiosas de sus lugares de origen.

De acuerdo con la UCR, Estados Unidos es el principal destino de los emigrantes cristianos y budistas, el segundo de los judíos e hindúes y el séptimo de los musulmanes en el mundo.

En California en particular residen comunidades tradicionales y ancestrales, como nuevas, por ejemplo la de los latinos musulmanes en las inmediaciones de San José y el sur de California, o la de judíos iraníes.

La URC decidió abrir el instituto porque es el plantel con mayor diversidad étnica y religiosa en el sistema de la Universidad de California y el sexto campus con mayor diversidad en el país.

La profesora Jennifer Scheper, de religión de la UCR, comentó que el instituto buscará enriquecer el conocimiento académico pero también fortalecer las creencias y relaciones en la diversidad de religiones en California.

Guerrero exhortó a los mexicanos residente en el extranjero a enviar su voto al IFE con anticipación a los comicios que se efectuaran el 1 de julio próximo.

El consejero del IFE realiza este martes una visita a Dallas como parte de una gira por varias ciudades de Estados Unidos para convocar a los inmigrantes mexicanos que quedaron inscritos en el padrón para la elección presidencial.

Poco más de 59 mil mexicanos residentes en 105 países fueron aprobados para votar en la elección presidencial, tras haber cumplido a tiempo con los requisitos necesarios para ello.

Guerrero recordó que los votos de esos mexicanos deberán recibirse en el IFE antes de las 08:00 horas locales del próximo 30 de junio, por lo que exhortó a los connacionales a enviar su voto a la brevedad posible.

En el paquete que contiene la boleta electoral que se envía a los mexicanos en el extranjero, el IFE recomendó a quienes residen en Estados Unidos y Canadá enviar sus votos antes del 20 de junio, para tener la seguridad de que se recibirán dentro del plazo fijado.

Para quienes viven en otras regiones del mundo, se sugiere enviarlos incluso antes.

Guerrero confió en que en la próxima elección se superarán los 32 mil votos que fueron emitidos desde el extranjero en las elecciones presidenciales de 2006, cuando por primera vez se ejerció ese derecho fuera de México.

El viernes, durante su visita a Los Ángeles, Guerrero dijo que recibió la petición de miembros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de que se incorpore en el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia, un capítulo especial sobre migrantes.

El consejero del IFE señaló que ante esa solicitud se hará un llamado a los partidos políticos para que se incluya en el debate del próximo 10 de junio en Guadalajara, Jalisco, temas relevantes para los inmigrantes.

Entre los temas que plantearon los integrantes del IME figuran cómo facilitar el envío de remesas y cómo abordar un posible acuerdo migratorio con Estados Unidos.

También se planteó posibles cambios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para que en un futuro los mexicanos en el extranjero puedan tramitar su credencial de elector y emitir su sufragio en los lugares donde residen.

La delegación de San Diego, que encabeza al director del proyecto fronterizo del Comité de Servicios Amigos de las Américas, Pedro Ríos, busca promover la iniciativa AB1081, que permitiría a los gobiernos de cada una de las 478 ciudades y los 58 condados, decidir si colaboran con autoridades de migración.

De aprobarse, la AB1081 autorizaría a departamentos de policía y del alguacil a abstenerse de participar en el programa Comunidades Seguras, del Departamento de Seguridad Interior (HSD), que ha deportado cerca de un millón y medio de indocumentados, muchos de ellos cabezas y sostenes de familia, durante la administración del presidente Barack Obama.

También apoyan la iniciativa AB889 que protegería por primera vez los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y les proporcionaría protección ante abusos como deportación para evitar pagarles.

Igualmente la SB1064, que busca reunir a familias inmigrantes que están en riesgo por la condición migratoria de uno o más de sus miembros.

Al respecto, muchas de las familias de padres deportados han quedado sin sustento en California, pues sus hijos y muchos cónyuges son estadunidenses.

Otra iniciativa busca que todos los trabajadores indocumentados puedan permanecer legalmente con sus familias en California al considerarlos “trabajadores huéspedes”, si llenan ciertos requisitos, como carecer de antecedentes penales, han pagado impuestos en los últimos años y aprenden o dominan el idioma inglés.

Washington.- La Suprema Corte de Justicia determinó que inmigrantes criminales no pueden usar los casos de sus padres residentes legales de Estados Unidos para evitar la deportación.

El caso allanó la deportación del inmigrante Carlos Martínez Gutiérrez, quien fue arrestado por transportar inmigrantes indocumentados, y quien buscaba aprovechar los años de residencia legal de sus padres en Estados Unidos.

Bajo la ley estadunidense, los residentes permanentes tiene la posibilidad de solicitar la suspensión de su deportación si han vivido en el país de manera continua por siete años y han sido residentes legales por otros cinco años.

Martínez Gutiérrez tenía sólo dos años de residente legal cuando fue arrestado en 2005, pero deseaba que los años de residencia legal de sus padres fueran computados por las autoridades migratorias a fin de hacerlo elegible a la suspensión de su deportación.

Un juez migratorio determinó inicialmente que el residente permanente podía usar los años de sus padres, pero su decisión fue cuestionada por la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA).

El caso llegó a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones de California, la cual validó el reclamo de Martínez Gutiérrez, quien ingresó de manera ilegal a Estados Unidos a los cinco años.

Sin embargo, la magistrada Elena Kagan anuló el fallo del tribunal inferior argumentando que la BIA interpretó correctamente el estatuto en el sentido de que el residente permanente no puede beneficiarse de los años de residente de sus padres.

“Revertimos los juicios del Noveno Circuito y turnamos el caso para los procedimientos consistente con esta opinión”, escribió Kagan.

La Suprema Corte de Justicia aún debe emitir su dictamen separado sobre la constitucionalidad de la Ley SB1070 de Arizona, previsto para junio.

Los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) deberán impulsar la equidad entre mujeres y hombres, con un enfoque de género, y sistematizar experiencias para fomentar el desarrollo humano de ese grupo de la población.

Las iniciativas deberán poner énfasis en la atención a los niños, las niñas y los adolescentes migrantes no acompañados, así como a mujeres, indígenas y personas de la tercera edad.

Con el tema Protección de los Derechos de los Migrantes en México, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), dependiente de la Sedesol, recibirá propuestas enfocadas a ofrecerles hospedaje, alimentación, atención médica y asistencia jurídica.

Las aportaciones de las instituciones de educación superior y centros de investigación deberán servir para formular recomendaciones de políticas públicas que permitan enfrentar esa realidad del país, como receptor y generador de las personas en esa situación.

En un comunicado la Sedesol puntualizó que a través del Programa de Coinversión Social se destinarán 7.5 millones de pesos para la convocatoria Protección de los Derechos de los Migrantes en México y que el monto máximo a otorgar por proyecto será de 300 mil pesos.

La recepción de propuestas concluirá el 31 de mayo, por lo que los interesados deberán enviar sus trabajos hasta esa fecha a las oficinas del Indesol, ubicadas en Segunda Cerrada de Belisario Domínguez número 40, colonia Del Carmen, Coyoacán, en días hábiles.

Como parte de la estrategia para garantizar el ejercicio del voto entre la comunidad mexicana que habita fuera de la República Mexicana, el presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Francisco Javier Guerrero Aguirre, visitó el 17 y 18 del mes en curso la ciudad de Los Ángeles, California.

Ahí, sostuvo encuentros con las autoridades consulares de México en esa región, así como con consejeros del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

El consejero electoral dio a conocer a través de entrevistas con diversos líderes de opinión de programas de noticias de habla hispana en Los Ángeles, el procedimiento para llevar a cabo el sufragio mediante el sistema postal, se destacó en un comunicado.

Los días 20 y 21 de este mes, Guerrero Aguirre se reunirá con representantes consulares de Dallas, Texas, así como con periodistas de diferentes cadenas de noticias, para promover el programa del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

Estados Unidos es el país donde se concentra el 77 por ciento de los 59 mil 44 connacionales inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) y que viven en 105 países, en los cinco continentes.

Los estados de la Unión Americana con mayor número de electores son: California con 12 mil 308; Texas, siete mil 117; Illinois, cuatro mil 783; Florida, tres mil 36; Nueva York, dos mil 513; Arizona, dos mil 324; Georgia, mil 550; Nevada, mil 208; Carolina del Norte, mil, y Nueva Jersey, 857.

“El rostro de Estados Unidos está cambiando, literalmente”, señaló el diario capitalino al citar en editorial el reciente informe de la Oficina del Censo, según el cual las minorías han sobrepasado a los blancos en los nacimientos en el país.

“Depende de los políticos afrontar esa evolución sin agitación social y asegurar que los estadunidenses más jóvenes, incluso si no se asemejan a sus mayores, obtengan las mismas oportunidades”, anotó.

Agregó que “cambios demográficos radicales” están ocurriendo en Texas, Florida, Arizona y otros grandes estados donde los blancos mayores que controlan el proceso político mediante los votos están siendo gradualmente suplantados por jóvenes latinos.

The Washington Post sostuvo que Estados Unidos es el “perdedor” ante la falta de acción sobre una reforma migratoria para legalizar a unos 11 millones de indocumentados, porque los funcionarios electos están “paralizados” sobre ese tema.

Los hijos de esos inmigrantes, ya sean indocumentados o nacidos en suelo estadunidense, se están asimilando muy lentamente y corren el riesgo de convertirse a largo plazo en una subclase difícil de controlar, advirtió.

En el pasado, a los inmigrantes no autorizados se les concedían medidas para legalizar su situación mediante una amnistía u otros métodos, permitiéndoles a sus hijos la oportunidad de alcanzar el “sueño americano”.

“Ahora, millones están estancados y Estados Unidos es el perdedor”, lamentó el diario.

La Cámara de Representantes votó la noche del miércoles 68 contra 37 para aprobar los cambios y sumarse así al voto del Senado.

Al inicio de la sesión, un grupo de opositores a la ley antiinmigrante trató de bloquear la entrada de los legisladores al recinto, ubicado en un edificio adjunto al Capitolio Estatal en Montgomery.

La iniciativa con las enmiendas a la ley pasará ahora al gobernador Robert Bentley para su firma y ratificación”.

“Hay un montón de buenos cambios que ayudan a los ciudadanos y auxilian a nuestras empresas”, dijo el representante estatal republicano Mickey Hammond.

Sin embargo, la nueva iniciativa no cambia la parte fundamental de la HB56, en la que se autoriza a los policías el tratar de determinar el estatus migratorio de una persona, cuando los detienen por alguna infracción de tráfico, si tienen una “sospecha razonable” de que estén ilegalmente en el país.

También se continuarán requiriendo documentos migratorios para obtener el título de propiedad de un automóvil, la licencia de conducir y para establecer un negocio.

Los legisladores sí eliminaron ahora la necesidad de identificarse o mostrar pruebas de ciudadanía para realizar transacciones con los gobiernos locales, incluida la obtención de una licencia de matrimonio en las cortes.

En la nueva propuesta se mantiene la exigencia de que las empresas utilicen el programa federal E-Verify para verificar si las personas que van a contratar para un nuevo empleo están autorizadas a trabajar en el país.

Sin embargo, ahora las compañías que hacen negocios con las entidades públicas no serán responsables de los subcontratistas, a menos que pueda demostrarse por “claras y convincentes” pruebas que se tenía conocimiento que el subcontratista prestaba sus servicios con trabajadores indocumentados.

La iniciativa añade un nuevo requerimiento en el que establece que las Cortes deberán enlistar los nombres de personas sospechosas de ser indocumentadas que han sido presentadas ante esas instancias por arrestos o detenciones, y precisar el resultado de los casos.

Legisladores simpatizantes de los cambios, la gran mayoría de ellos republicanos, aseguraron que las nuevas previsiones permitirán monitorear cómo está siendo aplicada la ley.

En cambio, los opositores sostuvieron que ese monitoreo servirá sólo para detectar y colocar una “letra escarlata” a los residentes de origen hispano.

Durante la sesión legislativa del miércoles, los opositores a la HB 56 intentaron bloquear la entrada de la Cámara de Representantes y del Senado, y seis de ellos fueron arrestados y esposados por la policía.

“Creo que existe una maldición generacional en el estado de Alabama”, dijo Theresa de León, una de las manifestantes, al precisar que primero ocurrió la reubicación de los americanos nativos a reservaciones indígenas, luego el movimiento por los Derechos Civiles, y ahora esta ley enfocada en los hispanos.

A lo largo de la sesión, decenas de manifestantes congregados en el vestíbulo de la legislatura, gritaron y cantaron en voz tan alta que sus voces se oían en los diferentes pisos del complejo.

Sergio García, de 25 años y quien vive en California como indocumentado desde que tenía un año y medio, podría ser el primer indocumentado en la historia de California en convertirse en abogado profesional, si lo ratifica la Corte.

El tribunal supremo pidió a la Barra de Abogados explicar por qué un indocumentado podría ser abogado profesional que sería contratado.

La Corte también pidió su opinión a la procuradora general de California, Kamala Harris, y a la administración del presidente Barack Obama.

The Daily Journal, el periódico de los abogados en California, publicó que García es en la actualidad asistente legal en la ciudad de Chico, donde estudió, y que solicitó a autoridades federales su regularización migratoria hace 15 años, pero el trámite tarda en promedio unos 19.

El abogado de García, Jerome Fishkin, dijo al portal especializado Law.com o Ley.com que García aprobó exámenes en 2009 y recibió recomendación de la Barra de Abogados estatal por su carácter moral.

Fishkin agregó que el sueño de Sergio García es “naturalizarse estadunidense y ejercer la abogacía”.

Los jóvenes Erika Andiola, Celso Mireles y Caesar Vargas, potenciales beneficiarios si se aprueba el Dream Act en el Congreso, figuran como los demandantes, así como los legisladores demócratas Michael Michaud y Hank Johnson.

El bloqueo del Dream Act en 2010 “fue una injusticia” porque la mayoría de los senadores, 55 de un total de 100, votaron a favor “y solamente por una minoría no se aprobó” dijo Mireles en una conferencia de prensa.

El activista se refirió al procedimiento en el Senado que requiere de una “súper mayoría” de 60 votos conocida como filibusterismo para someter a votación distintas iniciativas de ley, lo cual calificó como “inconstitucional”.

Por su parte, Andiola reconoció que la demanda podría tomar años en el proceso judicial, pero señaló que es necesario sacar a la luz el tema en este año de elecciones para que los candidatos se pronuncien al respecto.

“Quiero contribuir a que este país sea más democrático, a que realmente se siga la constitución”, apuntó Andiola.

La activista pidió al presidente estadunidense Barack Obama, quien busca la reelección, que se pronuncie a favor de una medida ejecutiva para dar un alivio a jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.

El Senado, con mayoría demócrata, podría aprobar un proyecto del Dream Act por mayoría simple, pero el obstáculo estaría en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, quienes se oponen a esa medida.

El abogado demandante Emmet Bondurant señaló que “toda la estructura constitucional está en peligro” debido a que la minoría en el Senado ha bloqueado la aprobación de importantes medidas como el Dream Act y de nominados judiciales.

Bob Edgar, presidente de la organización Common Cause, que respalda la demanda, sostuvo que ha pedido a la corte del Distrito de Columbia que declare el filibusterismo como inconstitucional y que el Senado adopte nuevas reglas acordes con la Constitución.

Enfatizó que las reglas del Senado deben seguir el principio del gobierno de la mayoría y preserve la tradición del Senado para un debate abierto y extenso.