Zacatecas.- El contralor interno del gobierno del estado, Guillermo Huizar Carranza, no dio a conocer los montos totales por los cuales esta dependencia inició un proceso administrativo en contra del oficial mayor de la administración de Amalia García Medina.
Con respuestas ambiguas y sin datos concretos, expuso que no informaba estas cantidades para evitar confusiones con los datos que pueda otorgar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Explicó que la Contraloría actuó en contra del ex funcionario por haber detectado irregularidades en 176 contratos, en los cuales los precios de compra no correspondían al valor de los bienes o servicios adquiridos.
“En todos los casos estaban muy elevados”, indicó Huizar Carranza.
Al solicitarle NTR Medios de Comunicación que diera a conocer los delitos por los cuales habían denunciado penalmente al ex oficial mayor, el contralor respondió: “es un expediente bastante voluminoso, son alrededor de mil cuartillas lo que presentamos a la Procuraduría”.
NTR: ¿A cuánto asciende el daño patrimonial?
Guillermo Huizar Carranza (GHC): Lo que la Contraloría presentó fue modificado por la Procuraduría, entonces son dos datos diferentes. El dato final lo tiene la Procuraduría.
NTR: ¿Lo de la Contraloría cuánto fue?
GHC: Lo que pasa es que… lo que nosotros presentamos tiene que ver con la asignación irregular de contratos, son una cantidad importante de contratos. Muchos de ellos adjudicados en forma indebida, en forma irregular.
Hicimos constancia de que los precios que ahí se consignaban eran precios muy elevados.
NTR: ¿Había obras públicas, entre ellas la contratación de los PPS?
GHC: No, no. La denuncia fue presentada por otras razones, fue presentada la asignación irregular de contratos de adquisiciones.
NTR: ¿Exclusivamente?
GHC: Fundamentalmente, porque las demás son faltantes de documentos, que también se ha hecho constar y, digamos, violación a los precios de mercado. Eso es fundamentalmente lo que lleva nuestro expediente.
NTR: ¿Todo lo demás, como la adjudicación de los PPS, lo hizo la Procuraduría?
GHC: Eso lo tendrá que responder la Procuraduría, pero hasta donde yo entiendo en el proceso que se le sigue no está incluido el asunto de PPS.
Al menos (en) la Contraloría en su denuncia original, no está relacionado. Los PPS es una investigación totalmente aparte.
NTR: ¿Quién lleva esa investigación de los PPS?
GHC: No forma parte del expediente del que estamos hablando.
NTR: ¿Había obras en las que estaba involucrado el ex oficial mayor, la Plaza Bicentenario, La Megavelaria?
GHC: Ésas son auditorías independientes totalmente, en algunas de ellas está relacionado pero no forman parte de esta denuncia.
NTR: ¿Cuál es el sustento? Porque existe el temor, por parte de los partidos políticos, de que haya otro revés jurídico.
GHC: Yo quisiera dejar muy claro: la Contraloría ha terminado su trabajo. La defensa de las imputaciones le corresponde a la Procuraduría; nosotros lo que hicimos fue presentar una denuncia haciendo acompañar a la denuncia correspondiente con la documentación comprobatoria que consideramos prudente.
Pero ya la averiguación previa y la defensa de los argumentos corresponden al Ministerio Público.
NTR: Se habla de más involucrados, ¿hay más denuncias penales?
GHC: Hay tres órdenes de aprehensión liberadas, en el mismo asunto, porque en la misma denuncia se solicitaron tres órdenes de aprehensión y las tres fueron liberadas. Hasta donde yo entiendo la única que se ha cumplimentado es la de él (del ex oficial mayor) y hay dos órdenes pendientes.
NTR: ¿Hay más denuncias penales, además de estos funcionarios?
GHC: Hasta este momento ninguna; es la única denuncia penal que hemos presentado.
NTR: ¿No han encontrado más irregularidades, en temas que también fueron muy sonados en su momento?
GHC: Lo que pasa es que no se han agotado, en el caso de la Oficialía Mayor, el procedimiento se fue más rápido en virtud de que hubo necesidad de notificar por edictos, como fue del conocimiento público.
En los demás casos sí hemos localizado a los ex funcionarios y obtenido respuesta, y están aportando pruebas para tratar de solventar sus irregularidades.
NTR: Es decir que originalmente era un proceso administrativo.
GHC: Sí, en el proceso administrativo fue donde hubo necesidad, porque el domicilio que tenemos dado de alta en la Contraloría, domicilio que aparece en su declaración patrimonial final, no lo localizamos. La Contraloría no tiene necesidad de seguir el procedimiento administrativo de buscarlo, sino que existe la alternativa, establecida en la ley, de notificar por edictos.
Esto provocó que se acelerara, de alguna forma, el procedimiento.
NTR: ¿Cuánto fue lo que detectó la Contraloría en irregularidades, lo que envió a la Procuraduría?
GHC: A ver, insisto, lo que pasa es que no quisiera dar una cifra demasiado abultada porque si hacemos la suma de los contratos… la suma de contratos no significa necesariamente que la suma de contratos es el quebranto.
Porque bueno, el quebranto significa la diferencia entre el valor que se establecía en el contrato y el monto que está en vigor en el precio del mercado.
NTR: ¿Entonces el quebranto es la diferencia entre el precio?
GHC: Exactamente, en precios. Entonces si damos a conocer una cifra que no coincide con la Procuraduría, podemos confundir a la opinión pública y darle elementos a la defensa.
NTR: ¿En cuántos contratos encontraron irregularidades?
GHC: Encontramos irregularidades como en 176 contratos. Esos fueron revisados por la Procuraduría; algunos de esos contratos que, en primer término la Contraloría encontró como irregulares, la Procuraduría los descartó, porque con las investigaciones posteriores se comprobaron algunas solventaciones.
Nosotros, en el marco de nuestro ámbito, fueron 176 contratos los que encontramos irregulares.
NTR: Hay otros temas pendientes, como los préstamos a particulares desde Finanzas. ¿Qué ha pasado en esos casos?
GHC: Ése era el caso de Amalia García, que ustedes saben que el procedimiento administrativo tuvo que suspenderse por una resolución judicial.
NTR: ¿Entonces ya no se va a poder recuperar ese dinero?
GHC: Lo que yo entiendo es que Finanzas está recuperando. Eso corresponde a la Secretaría de Finanzas.
NTR: ¿Judicialmente qué se ha ganado, qué se ha perdido, luego de los casos de Amalia García y Sonia Villareal?
GHC: El único caso donde el gobierno del estado debe acatar la resolución judicial que le es adversa, es el caso de Amalia García, exclusivamente, no hay ningún otro expediente concluido con una resolución judicial que le dé la razón al inculpado. Ningún otro, todos los demás están vigentes.