Zacatecas.– El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Arturo Nahle García, afirmó que no afectará en nada la modificación que se pretende hacer a esta dependencia desde la Legislatura de Zacatecas para convertirla en una fiscalía.
Tras considerar como benéfico que el organismo público encabezado por él logre la autonomía constitucional con respecto al Poder Ejecutivo, afirmó que a la fecha se ha respetado por parte del gobernador Miguel Alonso Reyes el trabajo que se hace en la PGJE.
“El cambio de nombre me parece que no es un cambio de fondo ni da pérdida al fortalecimiento del Ministerio Público; lo que sí me parece muy importante es darle autonomía plena al Ministerio Público, en eso estoy totalmente de acuerdo”, expresó Arturo Nahle.
Abundó en que si bien la propuesta ya se había hecho incluso a nivel nacional, al buscar la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR), “el gran pero” que se debe resolver al interior de la Legislatura local es si se puede dotar de un grupo armado a un organismo autónomo, resaltó.
En este caso, Nahle García externó que la PGJE tiene a su cargo la Policía Ministerial del Estado (PME), pero hay gente que no aprueba que un organismo autónomo tenga a su mando un grupo armado.
En la justificación presentada en la propuesta legislativa se enuncia que “si se quisiera llegar a consolidar una órgano constitucional autónomo encargado de la procuración de la justicia”, debería respetarse el nombramiento de un fiscal ajeno al Poder Ejecutivo.
Entre los puntos más importantes del dictamen, que aún no se vota, se encuentra que el procurador general estatal será designado por la Legislatura local, entre dos candidatos propuestos por el Consejo de la Fiscalía y dos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Para ello, añadió Nahle García, se debe obtener por lo menos el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura del Estado.
Además, los candidatos a fiscal deberán cubrir los mismos requisitos que se requieren para ser magistrado; durará en su cargo ocho años y podrá ser removido únicamente a solicitud del Consejo de la Fiscalía o de la Legislatura del Estado, siempre y cuando se encuentre en los supuestos y términos de la ley.