Zacatecas.- En medio de la negociación con sus propios trabajadores sindicalizados, los diputados de la LX (60) Legislatura, llevaron a cabo una larga sesión este martes, en la que dieron lectura a ocho iniciativas de ley, de diversas reformas y de decretos, cinco de las cuales fueron enviadas por el titular del Poder Ejecutivo estatal.
Sin embargo, el punto álgido de la sesión llegó mientras abordaban los asuntos generales, casi al final de la misma, cuando la diputada María de la Luz Domínguez (Movimiento Ciudadano) exigió al presidente de la mesa, Ramiro Rosales Acevedo (Partido Nueva Alianza), que presentara –si es que contaba con él– el documento con las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se le había enviado con anterioridad.
La exigencia vino a cuenta porque a la medianoche de este lunes venció el plazo para que el titular del Poder Ejecutivo enviara las observaciones a la Legislatura o, en su caso, publicara la nueva ley.
Todavía unos minutos antes de iniciar los trabajos legislativos, el diputado Felipe Ramírez Chávez había declarado en entrevista que estaban en espera de las observaciones a la normatividad por parte del mandatario, y dejó entrever que no las habían enviado, o que él ni siquiera estaba enterado.
Sin embargo, a lo largo de este martes y hasta el final de la sesión, el documento no fue entregado a los legisladores locales, tal como lo demandó la diputada de Movimiento Ciudadano.
A pesar de que una y otra vez exigió que se distribuyeran copias del documento a los legisladores presentes, el diputado Ramiro Rosales hizo caso omiso a la petición y decidió, sin mediar argumentos, declarar cerrada la sesión y citar para el próximo jueves, luego de asegurar que entonces entregarían las fotocopias.
En entrevista posterior, la legisladora Domínguez Campos lamentó que se deje en la indefensión y en la incertidumbre no sólo a la Legislatura, sino a la ciudadanía zacatecana, pues aseguró que “no hay certeza jurídica que ese documento del veto del gobernador a la Ley de Responsabilidades se haya recibido el 14 de mayo, y tampoco existe certeza de que haya sido entregado a las 21:15 horas, como ellos señalan”.
Ante ello, advirtió que este veto del mandatario estatal significa que “cada día Zacatecas vive en la impunidad”, ya que esta ley no entra en vigor, y la que existía antes fue declarada inconstitucional, de manera que no hay un ordenamiento legal que regule las responsabilidades de cualquier servidor público.
María de la Luz Domínguez, lamentó la actitud autoritaria del presidente de la mesa directiva, Ramiro Rosales, quien no entregó el documento en atención al término de “inmediatez” que marca el reglamento interno de la Legislatura.
Y dijo que con esta actitud quedó nuevamente demostrado que, por encima del interés público y el apego a la legalidad, se sobreponen los intereses políticos y personales; “eso es lo que tiene que cambiar en esta Legislatura y en toda la función pública”, expresó.
‘Cirugía mayor’ al gobierno estatal
Entre el paquete de iniciativas a las que se dio lectura en esta sesión legislativa, emanadas tanto de algunos diputados como del titular del Poder Ejecutivo, destacó la relativa a la creación de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Según este ordenamiento, se trataría de hacer una suerte de “cirugía mayor” a la estructura del gobierno del estado, al conservar algunas dependencias del Poder Ejecutivo, eliminar organismos descentralizados, con la fusión en otras instancias superiores, y renombrar algunas de estas áreas.
Entre los ejemplos más claros está la fusión de aquellos organismos que se dedican a cierta área de la construcción, como son el Consejo Promotor de la Vivienda (Coprovi), el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), la Comisión Estatal de Agua Potable (CEAPA) o la Junta Estatal de Caminos (JEC), para pasar a formar parte de una instancia llamada Secretaría de Infraestructura.
Caso especial es el de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), cuyas funciones se dividirían entre el Comité para la Planeación y Desarrollo del Estado de Zacatecas (Copladez) y la Unidad de Planeación Estratégica, que ya existe en la estructura gubernamental.
De igual manera, se plantea la abrogación de las leyes propias de institutos y se absorben funciones de unas entidades descentralizadas en otras dependencias del Poder Ejecutivo. Esta iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas de Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
Más iniciativas
Luego de la más reciente fuga de 10 reos de la cárcel distrital de Calera de Víctor Rosales, el diputado José Juan Mendoza Maldonado (PRD) planteó a los legisladores exhortar al secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, para que lleve a cabo una reorganización de los centros penitenciarios en la entidad.
De acuerdo con su propuesta, los 18 distritos judiciales existentes pasarían a ser solamente 10, con sedes en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Calera, Concepción del Oro, Río Grande, Ojocaliente, Sombrerete, Teúl de González Ortega y Jalpa.
El diputado Saúl Monreal, a nombre propio y de la diputada Geovanna Bañuelos –ambos del Partido del Trabajo (PT)–, dio lectura a su iniciativa de Ley Estatal de Servicios Integrales para el Desarrollo Infantil, que pretende regular el correcto y seguro funcionamiento de los centros de servicio infantil en la entidad, al precisar que en la entidad se atiende a 9 mil 898 menores en toda clase de establecimientos, públicos y privados.
De las iniciativas enviadas por el mandatario Miguel Alonso Reyes, el diputado Francisco Javier Carrillo Rincón dio lectura a la primera de ellas, que contiene reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público en el estado.
Esas reformas incluyen, entre otras cuestiones, la creación de una Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así como la supresión de la Dirección de Servicios Periciales, para crear un órgano desconcentrado de la procuraduría “con autonomía técnica”, denominado Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses.
Pablo Rodríguez dio lectura a la iniciativa de Alonso Reyes para reformar la Ley de Entidades Públicas Paraestatales, que busca la creación del Comité Estatal de Licitaciones y Contratos de la Administración Pública Descentralizada, con el control absoluto de las licitaciones por parte del titular del Poder Ejecutivo y que pretendería evitar los nichos de corrupción.
La iniciativa de Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas, leída también por el diputado Carrillo Rincón, establece los mecanismos necesarios para influir en los indicadores de competitividad del estado, con lo que se contribuye al clima de inversión y la correcta asociación entre empresas, academia y gobierno, a fin de facilitar la llegada de inversiones y el desarrollo de diversos clusters.
El diputado Rodríguez Rodarte dio cuenta de otra iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar algunos artículos de la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, cuya finalidad será proteger y conservar el patrimonio, a la vez que se dota a la dependencia correspondiente de un marco jurídico moderno que le dé eficacia y permita a los ciudadanos un medio de defensa contra determinaciones de este organismo.
En el último tramo del orden del día, los legisladores dieron lectura a los dictámenes de Cuenta Pública 2010 de los municipios de Atolinga y Vetagrande, así como de las minutas recibidas del Congreso de la Unión para reformar los artículos 40 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso de la minuta de reforma al artículo 40, que plantea la consolidación de una República laica, en la que se extiende el respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, la comisión dictaminadora se manifestó a favor de la modificación, en concordancia con las Cámaras federales.
Por otra parte, la comisión dictaminadora consideró que la minuta que reformaría el artículo 24 de la Carta Magna, para consignar el llamado “derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, es ambigua y genera lagunas jurídicas, por lo que el Poder Legislativo propone no aprobarla.