México.- La batalla por la justicia en México debe desmontar los asideros del sistema de persecución criminal autoritario, el discurso de víctimas contra victimarios y las resistencias de los intereses políticos, aseveró la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni.
Al dictar la conferencia magistral Justicia y Legalidad en el marco del 7 Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos (OPA), Puebla 2012, planteó que las resistencias profundas a implementar una reforma seria al sistema de procuración e impartición de justicia están marcadas por los intereses políticos.
Consideró que si no sacan las manos los políticos del sistema de procuración de justicia “no vamos a tener la reforma que el país necesita. Una reforma de este tipo tiene la capacidad de cimbrar al sistema político, rompe con los viejos privilegios: saber quién se va la cárcel y quién no es un enorme poder, de ese tamaño es el reto”.
Además “se ancla una buena parte del poder federal y estatal en la capacidad de manipular la persecución criminal a favor de sus intereses”, informó en un comunicado la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En el acto convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y otras instituciones, Magaloni Kerpel enfatizó que se debe comenzar por el A, B, C de los derechos humanos.
Es decir, la dignidad como un atributo de todos, incluidos los delincuentes; la libertad como presupuesto de la democracia y la igualdad como único vehículo posible para articular una ciudadanía e incentivar la cooperación entre todas y todos.
La investigadora expuso que la batalla por la justicia debe ser la lucha contra la arbitrariedad del sistema y subrayó que el Ministerio Público, los jueces y la policía sólo pueden construir los basamentos de su legitimidad y confianza ante la ciudadanía a través de sus herramientas: las pruebas y argumentos.
La brújula, enfatizó, está en desmontar cada uno de los asideros del sistema de persecución criminal autoritario. Hay que generar los contrapesos propios de un sistema penal profesional porque poner los límites entre unos y otros robustece a las instituciones.
Refirió que ante los ojos de expertos en la materia en América Latina, a México le falta dar la batalla por la justicia, la calidad de los juicios, la evidencia, los argumentos de la historia, la capacidad de hacer creíble a las instituciones y la forma de determinar quién es culpable y quién inocente.
“La batalla por la justicia consiste en entender de qué están hechas nuestras resistencias y cómo entendemos la justicia en un país con tantas historias de terror, homicidios y decapitados”, subrayó.
Magaloni Kerpel explicó que esa lucha debe terminar con el discurso maniqueo y vengativo que ha caracterizado a la sangrienta guerra contra el crimen organizado en el que la sociedad mexicana se organiza y se divide en dos bandos.
Esto es las víctimas contra los victimarios, los buenos contra los malos, los seres inhumanos, perversos y crueles contra los seres humanos, pacíficos y asustados.
Dijo que el objetivo de ese discurso es deshumanizar al delincuente, hacerlo distinto e inferior a nosotros, lo que le da al Estado un “cheque en blanco” para detener, arraigar, torturar y matar si es necesario.
“Es una estrategia de guerra, lo que exigimos es venganza, que paguen por lo que han hecho: no queremos justicia”, remarcó.
Posteriormente, en la mesa de discusión sobre justicia y legalidad, Santiago Corcuera Cabezut, quien fuera integrante del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostuvo que sí habría otras alternativas para enfrentar la actual violencia que padece el país.
Indicó que con ello se hubieran evitado muchas muertes, no todas atribuidos a las fuerzas del orden, “por el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza”.
Al hablar del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada en México, Luis Raúl González Pérez, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la propuesta elaborada por especialistas, investigadores y por la máxima casa de estudios.
Explicó que es perfectible el documento “Elementos para la construcción de una Política de Estado para la Seguridad y Justicia con Democracia”, pero sobre todo tiene el propósito de aportar insumos para la construcción de una política democrática en la materia que respete los derechos humanos.