Guadalupe.- Habitantes del fraccionamiento Real de San Ramón en el municipio, manifestaron su inconformidad debido a que desde hace año y medio no han podido concluir el trámite de municipalización de este complejo habitacional, por lo que carecen de servicios básicos.
Rafael Gutiérrez Bernal, presidente de los colonos, señaló que la constructora incumplió con la adecuación de espacios del fraccionamiento para que el ayuntamiento pueda terminar el proceso de municipalización.
Los vecinos se quejan de que aparte la constructora no ha terminado con la edificación de la barda perimetral y con los espacios de áreas verdes.
A decir de los inconformes, alrededor de 250 familias del fraccionamiento carecen de servicios básicos, como la recolección de basura y alumbrado público, y reprobaron que no haya respuesta por parte de las autoridades.
Porque declararon, “no se ha entregado el espacio al municipio por los desperfectos que mantiene”.
Denunciaron que además la mitad de las luminarias en el lugar no funcionan y que carecen de seguridad pública, razón por la cual expusieron que “están en completo abandono”.
Tras estas declaraciones, los colonos advirtieron que no dejarán de exigir solución al ayuntamiento.
Al respecto, Carlos Chacón Quintana, secretario del ayuntamiento, culpó a las constructoras, pues expuso que “son las que vienen a ganar dinero y por el contrario el ayuntamiento gana problemas”.
En este sentido, aseguró que han exhortado de manera constante a organismos constructores a que entreguen los complejos habitacionales cuando estén municipalizados a fin de poder implementar tomas domiciliarias de agua potable.
“El municipio tiene la obligación de brindar servicios básicos a los habitantes, pero las constructoras deben cumplir con el código urbano para proceder a la municipalización de los espacios”, expresó.
Aseguró que hasta el momento, ningún vecino de este fraccionamiento ha acudido a señalar sus inconformidades.
Chacón Quintana refirió que la administración necesita tener acercamiento con los afectados para posteriormente proceder a las denuncias penales por problemas por la vivienda porque ha habido sanciones administrativas contra constructoras de las dos mil quinientas viviendas que se han construido.