Zacatecas.- Las 14 familias de Salaverna, Mazapil, que se oponen a ser reubicadas están en grave peligro de un hundimiento derivado de obras mineras antiguas y trabajos recientes realizados por la minera Peñasquito, informó Antonio de la Torre del Río, director estatal de Protección Civil y Bomberos.
Comentó que hace unos días acudió personal de Protección Civil, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría General de Gobierno del estado para evaluar la situación de las casas y sus integrantes.
Derivado de la inspección, detalló el funcionario, detectaron que 39 viviendas estaban en situación crítica, cuyos habitantes han sido reubicados en su mayoría, y alrededor de 93 tienen riesgos moderados.
Aseveró que detectaron un boquete de 5 metros de profundidad por entre 50 y 100 de longitud, que está aproximadamente a unos 50 metros de las casas y representa un riesgo para sus habitantes, sobre todo por las lluvias.
“En esta temporada, toda el agua que escurre del cerro cae a ese hundimiento que se formó, entonces se puede colapsar el subsuelo, sí hay ciertos niveles de la mina, se puede hacer una desgracia lamentable”, expresó.
De las 39 familias que estaban en la zona de mayor riesgo, 25 fueron reubicadas debido las recomendaciones que hicieron las autoridades estatales y federales, luego de verificar las condiciones de las viviendas y el riesgo de hundimientos.
Los pobladores fueron reubicados a Nuevo Salaverna, un fraccionamiento construido por la minera Peñasquito, de la firma canadiense Goldcorp, pero según el funcionario estatal 14 familias siguen renuentes a dejar sus tierras.
“Se debe evacuar el área de Salaverna, es inminente ese lugar y no hay vuelta de hoja, se debe evacuar la comunidad por el riesgo latente que existe de un posible hundimiento”, detalló el funcionario estatal.
De la Torre del Río aseveró que los ciudadanos que se oponen a mudarse son manejados por personas, que tienen ciertos intereses, además de “que son gente que tienen sus raíces muy arraigadas y sus costumbres, no quieren salirse”.
Indicó que la recomendación de las autoridades es que se vayan de sus tierras para que no peligren, pues además cerca del asentamiento existen pozos y respiradores de la minera.
“Nosotros no podemos ejercer la fuerza (pública) para de alguna manera obligarlos a que se salgan, nosotros hacemos la recomendación”, dijo.
La víspera, ejidatarios del norte del estado denunciaron que autoridades de varias dependencias federales y estatales acudieron a hacen un supuesto mapa de riesgo sobre la zona en donde están las familias que se oponen a ser desalojadas, que según dijeron son 24.
Acusaron que en esta ocasión el pretexto fue que harían una obra para que no se vean afectados por las lluvias, pero que su interés real es que la mina siga operando en esos predios y que ellos los desalojen.
Ante ello, campesinos de por lo menos 50 ejidos del norte del estado evalúan la posibilidad de conformar un frente social contra los abusos de las compañías mineras, la explotación de tierras y los pagos injustos por los predios que aprovechan las empresas.
Afectados por las secuelas que deja esta actividad debido a la contaminación del medio ambiente y enfermedades que genera, los lugareños no descartan unirse para exigir mejores condiciones para los ejidos de las tierras exploradas.