México.- Pese a la preocupación por el deterioro de las tierras en México, no hay una medición confiable de la dimensión del problema y aún se espera una señal de cómo van actuar las autoridades ambientales en este tema.
En entrevista, el presidente de la Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación, Gustavo Sánchez, admitió que causa inquietud la degradación de tierra, la falta de información actualizada y la presión de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Al conmemorarse el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, aseguró que México enfrenta el gran reto de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del tema, y de articular todas las políticas públicas en materia ambiental en un solo eje rector.
En tanto, dijo, la única medición disponible es un censo sobre degradación de tierras que elaboraron hace más de 10 años la Secretaría del Medio Ambiente y el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo (UACh).
En dicho documento se establece que cerca de 50 por ciento de las 200 millones de hectáreas de superficie del país algún grado de degradación, y en dos millones de hectáreas el deterioro es severo o irreversible.
Aunque la cifra podría sonar relativamente baja se trata de un territorio similar al que ocupa El Salvador; es decir, tenemos en México una zona con deterioro irreversible equivalente a todo un país de Centroamérica, lo cual no es un asunto menor.
En ese sentido, Sánchez Valle consideró urgente que las autoridades cumplan el compromiso internacional de generar un nuevo censo, para ver cómo ha evolucionado el fenómeno y, en todo caso, establecer las políticas públicas adecuadas.
Además, es necesario coordinar en un solo esfuerzo y dirección los esfuerzos contra el cambio climático y la desertificación, y a favor del cuidado de la biodiversidad, que forman parte de un todo, pero están desarticulados.
En ese sentido, se dijo optimista de que se apruebe la Ley de Manejo Sustentable de Tierras, que se discute en el Senado de la República, para dar coherencia y recursos económicos a las políticas públicas en la materia.
Por ahora, habrá que esperar cómo se conforma el Presupuesto 2014, que representa “la hora de la verdad” para las autoridades ambientales, a quienes “ya les dimos el beneficio de la duda y deben dar resultados tangibles en el corto plazo”.
De manera paralela, el presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación advirtió que preocupa la proliferación de proyectos mineros e hidroeléctricos, que podrían representar una “depredación brutal” del ambiente.
En aras del desarrollo económico, podrían aprobarse muchos proyectos de ese tipo, sin las salvaguardas ambientales y sociales, con el resultado de una catástrofe ambiental y del atropello absoluto de los derechos sociales, sobre todo de campesinos e indígenas.
También reconoció la necesidad de elevar la conciencia ciudadana sobre el problema de la desertificación que, contrariamente a la creencia popular, es un fenómeno no exclusivo de las zonas áridas, sino que afecta en distintas medidas a todo ecosistema que se degrade.