Zacatecas.- De acuerdo con observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), los 30 diputados de la LX (60) Legislatura, se llevaron en conjunto, 26 millones 904 mil pesos por concepto de herramientas legislativas, informó el panista Luis Acosta Jaime.
Además de ello, el ex diputado perredista Juan Mendoza Maldonado, no comprobó, de enero a diciembre de 2013, gastos que ascienden a 2 millones 210 mil de pesos.
Con dos horas de retraso, los diputados locales iniciaron la sesión ordinaria de este viernes dando lectura a 32 dictámenes, entre ellas el resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento por parte de la ASE.
Durante su participación, Acosta Jaime mencionó que la repartición de los recursos económicos entre los diputados fue de “forma homogénea”, aún cuando los funcionarios públicos ya habían terminado su periodo de gestión.
“Los ciudadanos violaron lo establecido para el control presupuestal 2013”, expresó ante sus compañeros.
Por cada uno se llevaron los 30 diputados alrededor de 883 mil pesos de ese recurso, que a decir de la actual Legislatura esto no les corresponde.
En entrevista a parte, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), informó que los diputados erogaron recursos económicos correspondientes al 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2013, acción que a juicio de la actual Legislatura (61) no les correspondía.
Dijo que la ASE será quien llevará a cabo las acciones contra los legisladores, pero no dio más detalles.
“Todos los diputados tenían la obligación de utilizar sus herramientas legislativas, como ellos la llamaban y hacer una comprobación respecto a los apoyos que daban, el ex diputado no lo hizo”, detalló.
Dio a conocer que presentó una iniciativa para que se fiscalice al Congreso local y se evite este tipo de acciones, además de que la “ciudadanía sepa en que se utilizan los recursos”.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece que en caso de que un legislador o funcionarios de gobierno no comprueben el uso del dinero ejercido, puede ser sancionado, incluso se puede llegar hasta una denuncia penal.
De ser así, el caso se turnaría también a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), para que se revise y se aplique la ley contra los legisladores o funcionarios, en su caso.