México.– Dos ex integrantes de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, procesados durante la operación “manos limpias” en la pasada administración federal, obtuvieron sentencia absolutoria al desvirtuarse los dichos de los testigos protegidos.
El ex coordinador general técnico, Miguel Colorado González, y el ex agente federal de investigaciones Antonio Mejía Robles, fueron absueltos por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en el estado de Jalisco, detalla una nota informativa del Poder Judicial de la Federación.
Con base en testimonios de testigos protegidos, ambos fueron acusados de colaborar con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes supuestamente les informaban de los movimientos del personal operativo policiaco en los lugares donde operaban.
Presuntamente, como retribución los hermanos Leyva les pagaban fuertes cantidades de dinero que les permitieron realizar diversas operaciones financieras con recursos de procedencia incierta.
Este miércoles, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el juzgado, donde se desahogó la causa penal 250/2008-III y su acumulado del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal dictaron sentencia absolutoria en favor de los ex funcionarios de la PGR.
La absolución se refiere a los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de colaboración.
En el caso de Miguel Colorado González también se le dictó sentencia absolutoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sabiendo que provenían de actividades delictivas.
De acuerdo a la información del CJF, la autoridad jurisdiccional concluyó que los medios de prueba allegados resultan insuficientes para acreditar el delito imputado, ya que Colorado González probó que las operaciones financieras que realizó provenían de los sueldos y salarios que percibió, de la compra venta de inmuebles obtenidos por herencia y otras actividades comerciales.
En general los juzgadores establecieron que los nueve testigos colaboradores de la PGR contra ambos ex funcionarios carecen de valor probatorio ya que durante el proceso penal fueron desvirtuados y se demostró “que no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que no les constaba de manera directa”.