La ola delictiva en México arrastra cada vez más a mujeres, de esto da cuenta el hecho de que el número de mexicanas encarceladas registró un crecimiento de 175% de 1997 a abril de 2013, indica el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitido a la Cámara de Diputados.
El trabajo alerta sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 11,901 mujeres recluidas en los penitenciarias del país, de las cuales 74.27% enfrenta procesos del fuero común y 25.73% del federal.
Son deficiencias y carencias materiales, médicas y jurídicas las que sufren las mujeres recluidas en las cárceles, y sus derechos humanos se lesionan al padecer hacinamiento, sobrepoblación, compartir los espacios con varones, y al obligarlas a desnudarse al ingreso y durante las revisiones, incluso en los juzgados.
Del total de los 418 centros de reclusión, sólo 10 son exclusivos para albergar población femenil, con un total de 4,189 internas, mientras que 7,712 se ubican en 69 centros mixtos.
La infraestructura, organización y funcionamiento han girado en torno de las necesidades de los hombres, precisa.
La CNDH destaca que muchas mujeres en prisión duermen en el suelo, carecen de servicio médico general y especializado, además de no recibir la alimentación adecuada ni en calidad, cantidad e higiene, al igual que 377 menores de edad que viven con sus madres presas.
La aplicación de sanciones disciplinarias no garantiza respeto a los derechos humanos de las internas, afirma el Informe Especial de la CNDH, ya que “éstas” no se notifican por escrito y contemplan la suspensión de visita familiar e íntima como “medida correctiva”, tal es el caso del Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo, Coahuila.
Mientras en Santa Martha Acatitla y Tepepan, en el Distrito Federal, y sus similares en Jalisco y Querétaro, y en Nogales, Sonora, y Cieneguillas, Zacatecas, “no tienen derecho a audiencia”.
En el Complejo Penitenciario Islas Marías las sanciones son excesivas y acumulativas, e incluyen el aislamiento temporal y la restricción de llamadas telefónicas con familiares a la que tienen derecho; en el centro Noroeste, en Tepic, Nayarit, los castigos llegan hasta 180 días sin salir de su celda, además de retirarles los productos que compran en la tienda.