Zacatecas.- Geovanna Bañuelos de la Torre, comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT), condenó la actitud del presidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano, “quien mediante la descalificación y la ofensa intenta defender lo indefendible”.
Calificó la actitud del alcalde como “un síndrome de un dictador a quien enferma la crítica, comportamiento que lo evidencia como una persona obsesionada con el poder”.
Sostuvo que el priista se dice “ofendido, cuando él es quien ha agraviado al pueblo fresnillense presumiendo públicamente el derroche de recursos con lujos y ostentaciones”.
Ante ello, la dirigente del PT en la entidad, aseguró que seguirá con puntualidad el desarrollo de la demanda que se interpuso en contra de Medrano Quezada, mediante la cual se debe mostrar el origen de los recursos en cuestión; de lo contrario, dará motivos para presumir que existe enriquecimiento ilícito.
Bañuelos de la Torre dijo que sus declaraciones son contradictorias, pues primero presumió su mansión y luego declaró que sería un hotel boutique, por lo que Medrano “deberá declarar cuánto invirtió en recurso de gestión social cuando fue diputado”.
En cuanto a la calificación que hizo el primer edil de ella misma y de Saúl Monreal Ávila, dirigente de Movimiento Ciudadano, de “rateros y burros”, la líder petista declaró que nunca en su vida ha robado nada.
Asimismo, recordó que cuando fue diputada, destinó el recurso de gestión social para apoyos a los adultos mayores, subsidios para los campesinos y becas para estudiantes, y que “hay una auditoría que lo avala”.
En otro tema, aseveró que el hecho de que no haya indicadores de prevención del delito es una falla más a las políticas de seguridad.
Esta situación, precisó, da cuenta de que no hay coordinación entre las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las policías municipales.
En ese sentido, dedujo que la dependencia estatal no entrega apropiadamente el reporte mensual de los índices delictivos del fuero común al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pertenece a la Secretaría de Gobernación.
Por tal motivo, exhortó a las dependencias relacionadas con seguridad a presentar un reporte anual de sus actividades públicas.
Asimismo, lamentó que se haya dado de baja a 19 policías ministeriales y 100 estén en proceso de evaluación.
Cuestionó qué pasará con ellos, “si serán víctimas del crimen organizado” y aseveró que es importante que las autoridades fijen criterios claros para la depuración de las corporaciones y profesionalizar a sus elementos.
Recordó que desde inicios del sexenio, la promesa de Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado, fue mejorar la seguridad; sin embargo, opinó que ésta sigue fallando.
Detalló que desde que rindió protesta el gobernador, en 2010, se han registrado anualmente entre 14 mil y 15 mil delitos, a excepción de 2012, cuando la cifra se disparó a 16 mil hechos delictivos. Además, aseveró que en los últimos cuatro años se han cometido 65 mil 491 delitos.