Zacatecas.- Jesús Alberto Gaytán Espinoza, ex director de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Zacatecas durante el sexenio de Amalia García Medina, informó que durante cinco años ha sido víctima de acoso y perseguido de forma sistemática por el actual gobierno del estado.
Esto durante una rueda de presa, en la que también expuso que fue consignado ante la PGJE en 26 ocasiones, en las que nunca se le sentenció “porque todo lo que me quieren imponer es falso”; aseguró que cuenta con papeles que confirman que no tiene antecedentes penales.
Asimismo, desmintió que haya estado prófugo de la justicia, como lo afirmó un medio de comunicación local la semana pasada; además de que, pese a que han sido varias las órdenes de aprensión que se han emitido contra él, todas fueron revocadas por falta de elementos en su contra.
Recordó que esto ocurrió debido a que en 2008 se encontró un corralón con 15 vehículos sin placas en Río Grande, del entonces candidato a gobernador Miguel Alonso Reyes, en el que se solicitó que se entregaran las facturas de pertenencia de estos automotores.
Gaytán Espinoza afirmó que el ex secretario general de Gobierno, Esaú Hernández Herrera, lo amenazó diciéndole que “la vida daba muchas vueltas”.
Aseguró que desde el inicio del sexenio de Miguel Alonso, “él (Esaú Hernández) lo ha tratado de cazar”, por lo que hace responsable al Ejecutivo estatal y al secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Pinto Ortiz, de cualquier daño que pudieran sufrir él o su familia.
“En vista de que no se me ha podido comprobar nada, no quiero terminar como el ex subprocurador de Justicia, Francisco Martínez Gallo”.
El ex director de Investigaciones reiteró que la semana pasada se dio la resolución al asunto con un auto de libertad, que fue revocado con el dictamen de orden de aprehensión “hecho con los pies, y se ve claramente que sólo me quieren perjudicar, ya que ni mi nombre completo está bien y me cambian el Gaytán por el Gómez”.
Destacó que cuando intentó establecer su defensa, le giraron un cateo urgente donde el único fin era el de sembrarme un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y con ello amarrarme a un procedimiento.
Puntualizó que es una resolución antijurídica y autoritaria, por lo que se entregó y en el momento solicitó el beneficio legal de suspensión de procedimiento a prueba, que es sólo es una salida alterna para pelear desde afuera y no adentro.