RÍO GRANDE. Como espinosos consideró Constantino Castañeda Muñoz, presidente municipal con licencia, los casos que lleva el Departamento Jurídico de la presidencia municipal.
Recordó que hace más de un año, el cabildo abordó el caso de la reinstalación de Said Esquivel Hurtado, trabajador del ayuntamiento, “yo les pedí que lo reinstalaran desde entonces, lamentablemente por la cerrazón de la jurídica María Guadalupe Figueroa Delgado, se aferraron y la presidencia tuvo que pagar cerca de 300 mil pesos”.
Reiteró que “únicamente por la cerrazón y negligencia se tuvo que pagar tal cantidad y yo no quiero que esto vuelva a pasar, es por eso que en su momento le pedí a René Gómez Pérez –encargado de la Dirección de Seguridad Pública- que fuera mi asesor legal, pero no lo aprobaron y al final de cuentas quien la está llevando es el Municipio y sólo por negligencia”, reiteró.
“Está plasmado en las actas de cabildo lo que un día se dijo, que no sentía ningún respaldo jurídico hacia mi como presidente municipal”.
Historia de la apoderada legal
En septiembre 2014, a un año de iniciada la administración de Constantino Castañeda Muñoz, fue ratificada por unanimidad del cabildo, María Guadalupe Figueroa Delgado como apoderada legal del Municipio, con el fin de que coadyuvara con el trabajo de la síndico Ana Marianela Hernández Peña.
En aquella ocasión, el cabildo acordó que el poder sería por seis meses y se le solicitó que la nueva apoderada que rindiera un informe mensual para evaluar su desempeño en los casos que se llevan en el Departamento Jurídico, y estar seguros de que no dejarán pendientes a la siguiente administración, por falta de atención.
En julio de 2014 la funcionaria hizo un reporte de actividades desde que tomó el cargo y dijo que “los asuntos que hay, son procesos que no se pueden terminar de un día para otro, pero que se ha cumplido con entregar un informe al presidente municipal Constantino Castañeda Muñoz, por conducto de quien en su momento fungía como su secretario particular, Carlos Valentín Samaniego Castañeda”.
Esta acción fue cuestionada por el regidor Martín Badillo Rodríguez ya que le externó que dichos informes se debían entregar al secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús Badillo Ramírez.
Luego el cabildo ratificó a Figueroa Delgado por otros seis meses y se expuso que era necesaria más asesoría legal para los casos laborales, por lo que pusieron a consideración contratar a personal externo; y fue hasta en marzo 2015 que Castañeda Muñoz solicitó los servicios de René Gómez Pérez.