Zacatecas.- Adrián Franco Zevada, comisionado nacional de Atención a Víctimas del Delito, aseguró que en Zacatecas sólo hay seis asesores jurídicos que trabajan en la comisión estatal.
En la entidad este organismo es presidido por Everardo Ramírez Aguayo, quien fue designado el 4 de septiembre de 2015.
Franco Zevada, quien presentó en la Casa de la Cultura Jurídica la conferencia magistral Conceptos, Funciones, Resoluciones y Metas de la Atención de Víctimas, habló de los retos y logros del organismo.
Afirmó que para que la Ley Federal de Atención a Víctimas, así como su símil local, funcionen de manera adecuada es necesario que exista la comisión ejecutiva estatal y que se cuente con asesores jurídicos suficientes para atender a todas las víctimas, por lo que “aún queda trabajo por hacer”.
Los asesores jurídicos son muy importantes para atender a las víctimas, ya que su función es la de procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de éstas, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, detalló.
Asimismo, brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta ley y asesorar y asistirlas en todo acto o procedimiento ante la autoridad.
Franco Zevada destacó que la ley de atención a víctimas prevé la creación de un fondo de ayuda para la asistencia y reparación integral del daño, ya que el estado debe hacerse subsidiario en la reparación económica en el caso de delitos que atenten contra la vida; sin embargo, en Zacatecas dicho fondo no ha sido creado.
Aseguró que la comisión estatal le ha informado que en la actualidad trabajan para que dicho fondo sea creado a la brevedad.
No obstante, reconoció que Zacatecas es una de las 16 entidades en todo el país que homologó su legislación en materia de atención a víctimas y que cuenta con una Comisión Ejecutiva Estatal.
Recordó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, realizada por el INEGI, en el país se cometieron en ese año 33 millones de delitos, de los cuales 24 millones tuvieron una víctima.
De esos, explicó, alrededor de 94 por ciento son competencia de los Estados y 6 por ciento son competencia de la federación, lo que quiere decir que la mayoría está en las entidades federativas y debe procurarse que el número de asesores jurídicos sea suficiente para atender a las víctimas de forma adecuada.