Leticia Soto Acosta, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró que “la ciudadanía, la población, puede estar tranquila” en cuanto al trabajo que la dependencia a su cargo realiza para combatir el secuestro en la entidad.
“Es decir, que la atención y la procuración de la justicia en el caso de privación de la libertad o secuestro ha sido muy puntual”, sentenció.
Destacó que se ha mantenido el índice de este delito en comparación con años anteriores y que de enero a mayo se tienen registrados 10 casos, por lo que estimó que 2016 cerraría con 17 ó 18.
Soto Acosta enfatizó que, según la Encuesta Nacional de Víctimas del Delito (Envipe), los crímenes que menos se denuncian son los de secuestro y extorsión.
En ese sentido, resaltó: “cuando la familia denuncia, lo primero que privilegiamos es el bienestar de la víctima y el regreso a su casa; cuando se nos permite el trabajo tenemos éxitos, hemos tenido sentencias de 33 años y hasta 50 años”.
“Hemos desactivado bandas importantes, la de los Cuinos y la de los Terrones en Fresnillo, una más en Guadalupe, alguna en Calera, en fin, el trabajo que realizamos es fuerte, con personal especializado, y estamos dando buenos resultados”, insistió.
Enfatizó que la PGJE tiene una agencia especializada para localizar a personas desaparecidas y que un grupo de la Policía Ministerial del Estado (PME) está destinado a la misma tarea.
“Tenemos la alerta Amber que se activa cuando se trata de niños y adolescentes; tenemos un alto índice de localización de las personas”, aseveró.
Hasta el momento, se tiene el registro de 69 personas desaparecidas durante este año en la entidad, de las que han sido localizadas 19.
La fiscal añadió que en lo que va de 2016 han sido detenidas 34 personas relacionadas con el delito de secuestro, mientras que en 2015 fueron 69 aprehendidos por esta razón.
Caso Fresnillo
En la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Fresnillo se han recibido cinco denuncias por secuestros en este año, además de tres casos de secuestro exprés.
Roberto Said Lira Rivas, titular de esta dependencia, informó que en todos los casos se logró rescatar a las víctimas, quienes duraron entre dos y siete días privados de la libertad.
Especificó que sólo en cuatro de los casos los delincuentes fueron capturados en flagrancia, con un resultado de siete detenidos, de entre 20 a 27 años y que formaban parte de grupos delictivos.
Los rescates económicos que los secuestradores solicitaron a las familias han sido desde 200 mil a 3 millones de pesos, pero “sólo en un caso los delincuentes lograron cobrar el botín”, subrayó el funcionario.
“En el último caso que atendimos, los delincuentes lograron cobrar el rescate, que era de alrededor de 3 millones de pesos; rescatamos a la víctima, pero no pudimos detener a los secuestradores; sin embargo, siguen las investigaciones correspondientes, pues estos casos no prescriben en tanto no se resuelvan”, detalló.
Las víctimas fueron cuatro varones y una mujer mayores de edad, quienes al ser liberados dijeron que mientras estuvieron privados de la libertad fueron golpeados, amagados y sufrieron vejaciones.
Lira Rivas mencionó que en cuanto a los secuestros exprés, en la mayoría de los casos el objetivo es despojar a los afectados de sus bienes, como vehículos, y luego son liberados.
Líneas de investigación
Sobre el secuestro de Juan Pérez Martínez, suegro de Ricardo Monreal Ávila, delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Leticia Soto dio a conocer que la PGJE trabaja en tres líneas de investigación.
Una de ellas es con apoyo de la Policía Federal (PF); “es en cuanto amenazas al jefe delegacional por parte de la delincuencia organizada, hay que recordar que Ricardo Monreal hizo responsable a cierto grupo”, puntualizó.
“Otra de las líneas que investigamos es por cuestión de negocios que tuvo la víctima; se iba a realizar una compra venta de ganado y no salió bien, incluso se investigan actividades de los hijos de la víctima”, añadió.
La tercera contempla que uno de los hijos de Pérez Martínez fue procesado por cometer delitos contra la salud y otro también fue privado de su libertad y después apareció sin vida, “por lo que están abiertas todas las líneas de investigación posibles”, afirmó la titular de la PGJE.
Recordó que, además, se verifican datos inconsistentes, como “la fecha de la carta que se envió a Renato Sales, comisionado nacional de seguridad (por parte de Monreal Ávila), y el día de la realización de la denuncia”.
Confirmó que hasta el momento “no se ha pedido rescate, no se ha tenido ningún contacto con los familiares”.
“También realizamos un operativo en posibles lugares en donde pudiera encontrarse a la víctima, sin éxito, y se busca el vehículo en el que fue privado de su libertad, pues era el auto de la víctima”, agregó.
Reiteró que no se descarta que el caso tenga que ver con las actividades delincuenciales de la zona de la Ciudad de México a cargo de Ricardo Monreal, “ya que es una delegación con altos índices de delitos y secuestros”.
Soto Acosta aclaró que no se ha dado un trato preferencial por tratarse de un pariente de un ex gobernador del estado.
“Es un caso que la familia decidió hacerlo público, por lo que estamos informando constantemente a los medios de comunicación; sin embargo, seguimos con nuestro protocolo”, finalizó.