México.- El gasto de la Iniciativa Mérida para la reforma del nuevo sistema penal en México ascendió a 180 millones de dólares.
Recientemente fue asignado a una empresa de Alaska un contrato de 18.4 millones de dólares, más de 340 millones de pesos, para instalar equipos informáticos del nuevo sistema.
El pasado 11 de julio se anunció el fallo de la licitación respectiva en favor de Alutiiq Essential Services, filial de The Afognak Native Corporation.
Se trata de una empresa creada en 1977 gracias a una ley diseñada para favorecer a las naciones indias de Alaska, que actualmente es una de las cien mayores contratistas del Gobierno de Estados Unidos.
El contrato es para instalar 400 kits de procesamiento de datos, servidores, comunicaciones IP, seguridad y equipos de escritorio en procuradurías, defensorías públicas y tribunales superiores de las 32 entidades del país.
En julio de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos había convocado a otra licitación para la adquisición de más de dos mil computadoras, 700 impresoras y 140 servidores de datos que sólo serían instalados en catorce estados de México, pero ese concurso fue cancelado.
“Ese proyecto duró año y medio, y cuando ya estaba para adjudicación las condiciones cambiaron, porque la Secretaría Técnica para Implementación del Nuevo Sistema (Setec), con su subsidio de mil millones de pesos a lo largo de tres años, pudo financiar directamente esas compras, o los estados aportaron sus recursos”, explicaron fuentes cercanas.
Previamente, el Departamento de Estado ya había financiado el equipamiento de audio y video de 123 de las 970 salas de juicios orales de los tribunales estatales de todo el país.
Además, para noviembre está prevista una nueva licitación de equipo forense para las áreas de servicios periciales de las procuradurías locales, informaron fuentes de ambos Gobiernos, que por ahora será la última.
Sin embargo, no se descartan compras adicionales a futuro con fondos de la Iniciativa Mérida si la Setec las solicita.
La Iniciativa Mérida es un proyecto internacional de seguridad adoptado en 2008 por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y los países de Centroamérica.