Zacatecas.- Rafael Sánchez Preza, presidente de la Junta de Monumentos, desmintió al director de Protección Civil estatal, Antonio Caldera Alaniz, y aseguró que sí existe el dictamen de riesgos de esta corporación para la realización de la obra de remodelación del teleférico.
Agregó que también se tienen estudios de impacto ambiental, hechos por la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), y enfatizó que ambos documentos están avalados en un escrito con fecha del 26 de marzo de 2015.
El funcionario afirmó que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) tiene en su poder dicho expediente y que sólo esta dependencia resguarda la carpeta.
Además de la documentación, destacó se tuvo la opinión positiva y en escrito por parte del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Conservación de Monumentos (ICOMOS), que también validó la obra que ha afectado el kínder Gabilondo Soler, donde se pretende colocar uno de los pilares que sostendrán la estructura del nuevo teleférico.
En fecha del 14 de febrero de 2017, resaltó Sánchez Preza, hubo una propuesta de modificación al proyecto por parte del SEDIF, por lo que la Junta de Monumentos pidió que fuera sustentada la petición.
Esta gestión llevada a cabo bajo número de oficio A009/2017 y posteriormente la Junta pidió seis puntos a tratar para poder modificar la obra, en los cuales figura: nueva evaluación de impacto ambiental por parte de SAMA y consultoría por un despacho ambiental externo.
Además, se contempla copia del contrato con la empresa IngeCable del Quindio, dictamen de PC, una nueva opinión del ICOMOS y una declaratoria de viabilidad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“El progreso implica una serie de cambios y adaptaciones, la modernidad del teleférico no podía quedarse con la tecnología de cuando se inauguró en 1979, así que debemos entender esta parte”, afirmó.
Respecto al tema de la protección a los menores, durante la entrevista Sánchez Preza no hizo mención alguna por el buscar salvaguardar la integridad de las personas o las viviendas aledañas, argumentando que su dependencia sólo vela porque se respeten los documentos y permisos necesarios.
Sin embargo, Rafael Sánchez Preza dijo no tener hasta el momento ninguno de los seis puntos que solicitó al SEDIF y sigue en espera de algún documento que avale la existencia del proyecto.