CIUDAD DE MÉXICO.– El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió nueve meses por abusar de sus empleados a una Magistrada federal que había sido separada del cargo en 2007 por la misma conducta, pero fue reinstalada por la Suprema Corte de Justicia.
Se trata de la Magistrada de Circuito María del Carmen Torres Medina, que según el CJF “incurrió en hostigamiento y acoso laboral en contra de al menos nueve servidores públicos bajo su mando cuando se desempeñaba como integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo en Chilpancingo, Guerrero”.
Son los mismos hechos que el Consejo le imputó en 2007, cuando la “separó del cargo” por abusar de 12 empleados de un tribunal de San Luis Potosí, conducta que atribuyó a sus “aparentes problemas de salud mental”.
El CJF le había dado a Torres seis meses de licencia para someterse ante el ISSSTE a exámenes por un aparente trastorno mental crónico, lo que no cumplió, de ahí que fue removida.
En esa ocasión, la Corte revocó la decisión del CJF, lo que le permitió mantenerse en funciones a la Magistrada, de 66 años de edad y con 43 años de carrera judicial.
La nueva sanción no deja fuera del Poder Judicial a Torres, quien podrá volver al trabajo en un tribunal de Culiacán una vez cumplida la suspensión, pero confirma que acostumbra maltratar a sus subordinados.
“Del 1 de mayo y hasta el 6 de agosto de 2015, (Torres) incurrió de forma sistemática, habitual y reiterada en comportamientos hostiles, ofensivos, humillantes, denostativos y restrictivos en contra del personal a su cargo”, informó el CJF en un comunicado.
“La Magistrada ejerció violencia psicológica en contra de una servidora pública, a la cual además de faltarle al respeto reiteradamente, le impidió gozar de su derecho a la lactancia, lo que probablemente puso en riesgo el interés superior de su menor hija”.
Por tratarse de una suspensión, y no de una destitución, Torres no pudo impugnarla ante la Corte, ni tampoco presentó recurso de reconsideración ante el CJF, por lo que ya esta cumpliendo su sanción.
Los funcionarios judiciales que son suspendidos de manera precautoria para investigación pueden seguir cobrando parte de su salario, pero cuando la suspensión se impone como castigo al concluir el procedimiento de responsabilidad, se aplica sin goce de sueldo.
En el pasado, la Corte ha facilitado el regreso a funciones de Magistrados que incurren, de manera reiterada, en abusos contra sus empleados.
Un ejemplo es Héctor Gálvez, integrante del tribunal colegiado de Ciudad Reynosa que esta semana ordenó crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa.
Gálvez fue destituido en 2004 por acosar sexualmente a tres empleadas de un tribunal de Torreón, y un año antes había sido suspendido tres meses por la misma conducta cuando era Juez de Distrito en Mexicali.
Veterano de 45 años en el Poder Judicial, sigue en funciones porque, en agosto de 2005, la Corte resolvió que el acoso sexual que cometió en Torreón sí estaba probado, pero el CJF no hizo las ponderaciones técnicas necesarias para justificar la gravedad de la conducta.
La Corte estableció además que no se podía tomar en cuenta para fines de reincidencia el antecedente de que, en 2003, el CJF había sancionado a Gálvez con suspensión de tres meses, por el acoso cotidiano a sus empleadas en el Juzgado Primero de Distrito en Mexicali de 1993 a 2000.
A fin de cuentas, sólo fue sancionado con suspensión de un año sin goce de sueldo por sus abusos en Torreón.
