ZACATECAS.- En respuesta a la presentación del titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) sobre la iniciativa para el presupuesto del próximo año, los diputados locales cuestionaron aumentos a la Secretaría General de Gobierno, la Oficina del Gobernador, el DIF estatal y la propia dependencia que encabeza Jorge Miranda.
En ese sentido, José Juan Mendoza, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó a la “aristocracia de este quinquenio” y acusó al secretario de Finanzas de ser “burdo rentero del gobierno del estado”.
Recordó que, en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, hubo funcionarios que crecieron su patrimonio inmobiliario y acusó a Miranda Castro de repetir este patrón en la actual administración.
Cuestionó que el secretario creciera su número de propiedades, incumpla pagos de asesorías y se beneficie de su cargo, pues incluso aseguró que hay procedimientos legales contra él.
El legislador llamó al funcionario estatal “compadre de Guillermo Huizar” y “mentidorsillo burdo”, toda vez que calificó sus explicaciones como “discurso engañabobos”.
En su intervención, Omar Carrera, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reprochó a Miranda Castro que “verdades a medias son mentiras completas”.
Enumeró inconsistencias en el pago de la deuda pública, pues refirió que el secretario, en su comparecencia de noviembre ante la LXIII (63) Legislatura, había defendido las bondades del refinanciamiento, con lo que disminuirían los intereses y quedaría hasta en 6 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, criticó que en contraste se han contratado varios créditos cortos, según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que Carrera aseguró que actualmente la deuda “actual y real” de Zacatecas asciende a más de 8 mil 650 millones de pesos.
El representante de Morena también advirtió que, para amortiguar la anuncia eliminación de la tenencia vehicular, se implementará una nueva carga tributaria y aumentos en el control vehicular, así como el impuesto de infraestructura pese a que, subrayó, “se ha demostrado que está en total ilegalidad”.
A propósito de la deuda pública, Mónica Borrego, también de Morena, cuestionó que no haya consecuencias administrativas ni jurídicas para las omisiones del gobierno de Miguel Alonso y por lo que fracasó la incorporación de la nómina magisterial al Fone en 2015.
También pidió que se aclare qué compromisos aceptaron el gobierno del estado y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para que la Federación les diera el apoyo extraordinario que se requirió para cerrar el año.
Otro de quienes pidieron “actuaciones administrativas y judiciales” para castigar a los responsables de la deuda, pues resaltó que sólo para ese rubro se irán casi mil millones de pesos del presupuesto para 2019 en el estado.
Al tomar la palabra, Alma Dávila, de Morena, contrastó que mientras a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Jehú Salas Dávila, se le dieron 303 mil pesos sólo para “reuniones con concesionarios”, se etiquetaron 300 mil pesos para prevención de embarazo adolescente e infantil.
Mencionó también que la Subsecretaría de Prevención del Delito sólo se le destinan 11 millones de pesos y que las plazas que se logren con el Programa de Retiro Voluntario serán para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y no para prevención.
Además, exhibió la duplicidad de programas, también detectada por la Coepla, argumento, lo que hacen inefectivo el presupuesto y reclamó que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuya presidente honorífica es Cristina Rodríguez Pachecho, obtenga un incremento para llegar a un presupuesto de más de 500 millones de pesos.
Detalló que sólo para el Patronato de Voluntarios se etiquetan 9 millones de pesos. Contrastó que al DIF estatal se le asigne casi el doble de presupuesto que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando en el organismo asistencial no se mide el impacto que se tiene para grupos vulnerables y en la dependencia gubernamental sí.
Con este reclamo coincidió Javier Calzada, del Partido Encuentro Social (PES), quien expuso que a nivel local no se han seguido las directrices dispuestas en la Federación, que pasó los recursos del DIF a la Secretaría de Bienestar.
El legislador se quejó de que al Congreso se le haya quitado el recurso de las Herramientas Legislativas, para evitar el reparto de apoyos sociales, pero que la Secretaría de Desarrollo Económico organizara posadas en las que repartió electrodomésticos y “hasta pantallas”, lo que calificó como un “claro propósito electoral”.
Roxana Muñoz, de Morena, expuso que se destine más dinero a oficinas del gobernador, con una variable de hasta más de 300 millones de pesos, cuando aseguró que estas dependencias tienen un uso del presupuesto cuestionable.
El campo fue otro de los temas más abordados. Calzada criticó que no haya especificaciones sobre el parque agroindustrial anunciado. En este tema, Jesús Padilla, de Morena, y José Guadalupe Correa Valdéz, del Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron que se clarifique en qué se usará el presupuesto y que no se vaya a nómina, sino a apoyos para los productores.
Por último, José María González Nava, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reprochó que el gobierno federal haya abandonado al agro, al disminuir las partidas que se recibirán este año.