Ex trabajadores de la desaparecida empresa Firex, que tenía sus instalaciones en Vetagrande, tomaron el Edificio B de Ciudad Administrativa para exigir al gobierno del estado que intervenga en el pago de indemnizaciones que aún están pendientes, pese a que la empresa desapareció hace más de cuatro años.
El acceso a las oficinas se bloqueó desde las 9 horas de este martes y advirtieron que no liberarían hasta que el gobierno a través de la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac) intervenga.
Recordaron que anteriormente se firmó un acuerdo para desistir de la demanda por un millón 500 mil pesos para los 62 desempleados, mismo que hasta el momento no cumplió.
Ricardo Yassín Espino, director de Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, atendió a los manifestantes y expuso que “derivado del juicio laboral por la falta de indemnización de los trabajadores, una parte de ellos optaron por tener abogados particulares, mientras que otros acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo”.
Explicó que interpusieron la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal para embargar los bienes de la empresa y, en su momento, hacer el remate para obtener los recursos y recuperar una parte de la indemnización correspondiente.
“Por un lado los abogado particulares, uno de ellos falleció, otro no hizo un procedimiento adecuado y eso retrasó el procedimiento, derivado de ello los trabajadores solicitaron el apoyo de gobierno como gestor para agilizarlo”, detalló.
Asimismo, agregó que el gobierno estatal ayudó a los trabajadores y se acordó que quienes optaron por abogados particulares debían retomar el seguimiento adecuado al caso.
“Se les dijo que una vez agotado el procedimiento se iba a hacer el remate de los bienes embargados y de ahí saldría el apoyo o el pago de su indemnización, ellos lo tomaron de esa manera, pero los abogados de los trabajadores no hicieron el procedimiento adecuado y ellos han tenido ese malestar. La última reunión que tuvimos fue decirles que se juntaran todos en un sólo grupo y que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo fuera su abogado defensor, y así se hizo”.
Sin embargo, puntualizó que “la empresa que cerró también la embargó tres tercerías, dos de esas empresas ya se adjudicaron los bienes, por lo que falta otra empresa que ya está promoviendo el remate y la adjudicación de los bienes que le corresponden”.
El funcionario aseguró que una vez que se haga ese remate, la junta promocionará los bienes que corresponden a los trabajadores, pues “esto es cuestión ya de días, pero los trabajadores, no sé quién los orientó, pero los orientó mal, y están exigiendo que gobierno les dé el recurso directamente, pero el gobierno no tiene ese tipo de recursos, no tiene ninguna atribución para pagar indemnizaciones de empresas particulares que se van sin liquidar a sus trabajadores”.
