CIUDAD DE MÉXICO.- Los estados y municipios deben reportar todas sus obligaciones de deuda, pero no todos cumplen, destacó en un estudio Moody’s.
Por lo menos 7 entidades presentan una baja confiabilidad, transparencia e integridad en sus estados financieros, asegura la calificadora.
Los estados peor evaluados son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, y Veracruz.
«Los pasivos no reportados o no desglosados pueden ejercer presiones de liquidez inesperadas. Debido a que estos pueden incluir impuestos por pagar al Gobierno federal, contribuciones vencidas a los sistemas de pensiones federales o ciertos convenios con el Gobierno federal, éste puede deducir los montos correspondientes directamente de las transferencias mensuales de participaciones de los estados», señala.
Por ejemplo, Michoacán no reportó en 2017 un total de 9 préstamos de corto plazo por 6 mil 482 millones que equivalen a 9 por ciento de sus ingresos totales.
Además, el Estado no pudo comprobar el uso de recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refiere Moody’s.
Adicionalmente, la Auditoría encontró diferencias por 3 mil 589 millones entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.
Baja California reportó deuda financiera por 11 mil 846 millones, mientras que el monto auditado fue por 12 mil 648 millones.
El Estado de México reportó deuda de largo plazo equivalente a 38 mil 300 millones, mientras que el monto auditado fue de 39 mil 200 millones.
La Ciudad de México reportó diferencias por 2 mil 630 millones entre sus estados financieros y el registro público de deuda.
Adicionalmente, el municipio de Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de la deuda de largo plazo que contrató por 681.2 millones, refiere Moody’s.
De acuerdo a la ASF algunos estados no están reportando deuda de corto plazo y pasivos como impuestos por pagar al gobierno federal o contribuciones a pagar al sistema de pensiones, refiere la calificadora.
El 13.5 por ciento de las transferencias no son gastadas de forma apropiada, por lo que las entidades tienen que proveer una explicación o devolver los recursos, según la ASF.
