VILLANUEVA. El presidente municipal, Miguel Torres Rosales, informó que ante la falta de documentación, a la fecha interpuso alrededor de 27 denuncias penales en contra de cuatro funcionarios de la administración pasada, con el fin de ampararse, principalmente, de obras inconclusas o que no fueron saldadas, tras la muerte de su antecesor priísta en un accidente.
El alcalde dijo que tan sólo de tres programas, del 3×1 para Migrantes, de uno especial para la construcción de domos y del Fondo de Fortalecimiento Financiero, se desconoce en qué se invirtieron cerca de 24 millones de pesos, ya que, o no se ejerció el recurso completo, se utilizó en otras acciones o se concluyeron las obras, pero no se pagó a los proveedores.
Las denuncias que interpusieron hasta ahora son en contra de los ex titulares de Tesorería, Obras Públicas, Sindicatura y Contraloría, pues por parte del contralor “no encontraron una sola denuncia donde notificara que se estaban desviando recursos o haciendo cosas indebidas y además dejó correr todo tipo de acciones sancionatorias o de prevención”.
“Nosotros no tenemos que cargar con muertitos ajenos”, expuso el alcalde, quien enfatizó que se tomó la decisión de interponer denuncias con cada irregularidad que se “han ido encontrando”, ya que, “parecerá sorprendente”, pero al no haber tenido entrega–recepción, desconocen el dato, hasta la fecha, de los pendientes, “porque no nos dejaron soporte documental de la deuda pública y de todo el Ejercicio Fiscal 2018, absolutamente nada nos dejaron”.
Aseguró, además, que de los hechos se han enterado por las demandas que llegan a la presidencia de proveedores, a quienes no se les pagó, aunque en algunos casos sí se concluyeron las obras, o bien, sólo se ejerció el 30 por ciento del proyecto o el recurso: “se empleó en otras cosas”.
Respecto de este caso, Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), resaltó la situación que se vive en Villanueva y afirmó que se trabaja con el presidente municipal para que el asunto no quede en “borrón y cuenta nueva”, sino que con las demandas penales se finquen responsabilidades y se atiendan los faltantes.
Entre otras cosas, mencionó que algunos migrantes cayeron en la situación de los avales, lo que generó muchos contextos que ellos por buena fe respaldaron y que luego no vieron su nombre en las mamparas de inauguración.
Al respecto, el alcalde confirmó que a la fecha interpuso seis demandas penales, tan sólo del 3×1 para Migrantes, aunque a la Función Pública sólo le reportaron cinco, hasta ahora.
En total, Miguel Torres dijo que van 27 demandas penales interpuestas; detalló que en 2017, su antecesor consiguió un fondo especial para la construcción de 10 domos con una inversión de 9 millones de pesos, de los que sólo pagó 3 millones 200 mil pesos, es decir, faltó por liquidar 5 millones 800 mil pesos.
“El asunto es que es de 10 obras diferentes a ningún constructor le pagaron el total”, por lo que ahora las obras están paradas e inconclusas; de éstas, solo tres domos fueron terminados, pero los constructores recibieron el 30 por ciento de su pago y ahora exigen su dinero, “pero como yo no lo tengo, yo denuncio a quien recibió el dinero y que me diga dónde está para poder pagarles, entonces es lo que hemos estado haciendo”.
Respecto del Fondo de Fortalecimiento Financiero, Torres Rosales informó que le llegaron 12.5 millones de pesos al municipio, pero solo se ejercieron 2 millones 600 mil pesos, por lo no saben dónde están 9 millones 600 mil pesos; ante las irregularidades, dijo que cada vez que se encuentra algún faltante se interpone la denuncia, “nosotros no podemos incurrir en complicidades; nada más que vayan y aclaren lo que tengan que aclarar quienes estuvieron y darle solución a este tipo de problemas”.
