Las iniciativas para el Paquete Económico de 2021 se presentaron ante el Pleno de la Legislatura, en la sesión ordinaria de este martes. Entre las propuestas que envió al Congreso el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se incluye el proyecto de Presupuesto de Egresos por 30 mil 226 millones 165 mil 891 pesos.
El monto es superior 0.87 por ciento al recurso aprobado para el año actual, cuando se etiquetaron 29 mil 965 millones; esto se debe, en parte, por el monto federal que se recibirá para apoyo a la nómina de educación.
De los tres poderes, al Ejecutivo se le propone una asignación de 20 mil 801 millones 63 mil 911 pesos para 2021, al Judicial 585 millones 274 mil 124 y al Legislativo, 472 millones 618 mil 724 pesos.
En contraste con lo que se les etiquetó para el año actual, el primero perdería 234 millones 389 mil 234 pesos; el segundo sumaría 86 millones 704 mil 728 más y el tercero también tendría un aumento de 43 millones 254 mil 362 pesos.
Si se aprueban los montos planteados de inicio, el Poder Ejecutivo tendrá una disminución de 1.13 por ciento en sus recursos, el Judicial incrementaría 17.39 y el presupuesto del Legislativo crecería 10.07 por ciento.
A los Municipios se sugiere darles 5 mil 17 millones 125 mil 959 pesos, lo que representa una reducción de 139 millones 277 mil 762 pesos, es decir, 2.1 por ciento menos.
La cantidad para los organismos autónomos sería de 3 mil 350 millones 83 mil 173 pesos, 504 millones 855 mil 711 de aumento, que corresponde a 17.74 por ciento más.
En este caso, resaltan con mayores asignaciones la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a la que seplantea etiquetar 2 mil 152 millones 304 mil 473 pesos, con un incremento de 212 millones 46 mil 427 pesos, 10.93 por ciento arriba que en 2020.
Asimismo, se propone etiquetar a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) 711 millones 608 mil 480 pesos, 59 millones 68 mil 15 pesos extra que el año actual, por lo que sumaría 9.05 por ciento de recursos.
Destacó que el planteamiento del Paquete Económico se enfoca en la sustentabilidad financiera durante el próximo año, debido a las afectaciones de la pandemia que en 2020 han representado una caída de mil 621 millones de pesos en participaciones hasta noviembre.
“El presupuesto de Egresos 2021 se presenta en un momento que enfrenta dos crisis simultáneamente: la sanitaria y la económica; la primera a causa de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 y la segunda por las medidas de suspensión de actividades y distanciamiento social establecida para evitar su propagación”.
Se explicó que las reducciones planteadas serían para etiquetar la mayor cantidad de recursos posibles a salud. Además, “seguirá la supresión de gastos innecesarios, la reasignación de recursos, direccionados a fines prioritarios y el redireccionamiento de las políticas públicas hacia programas y proyectos de mayor beneficio para la población”.
Buscan recaudar
En la Ley de Ingresos el Poder Ejecutivo destaca que no se incluyen nuevos impuestos ni el incremento de los ya existentes y continuarán los estímulos fiscales. También se prevé la posibilidad de adelantar el pago del derecho de control vehicular de 2022 a partir de septiembre del próximo año.
Se precisó que solo habría modificaciones en los impuestos ecológicos, en específico en el de Depósito o Almacenamiento de Residuos, debido a los lineamientos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en acuerdo con empresas.
Para 2021, se estima que los ingresos propios se fortalecerán con la recaudación de estos conceptos, a partir de la certidumbre de la resolución de los mismos y mantener la posibilidad de regularizar la situación fiscal de los sujetos obligados a través de los Acuerdos de Pago Definitivos.
Por los impuestos ecológicos, se contempla recaudar un monto menor al estimado en los años anteriores, que era superior a los mil 200 millones de pesos, y en esta ocasión se prevén 500 millones de pesos.
Dentro del paquete económico también se incluye una iniciativa de decreto por la que el Poder Ejecutivo busca la autorización de la legislatura para la contratación y/o reestructura de las coberturas de riesgo asociadas a la deuda pública del estado. El gobierno estatal sostiene que el objetivo de esta reestructuración deberá ser el de “obtener el menor costo del servicio de la deuda”.