La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró anoche procedente el juicio de desafuero para iniciar un proceso penal contra el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El pleno de la Cámara fue citado para mañana viernes y proceder con el retiro del fuero; después de ello le notificaría la decisión al Congreso de Tamaulipas para que nombre a un gobernador sustituto.
La decisión de la Sección Instructora fue avalada con tres votos a favor de Morena y PT, y uno en contra del PRI.
En un comunicado, la Cámara de Diputados informó que procede el juicio debido a que se encontraron elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público «en el ilícito de defraudación fiscal equiparada».
El comunicado no menciona las otras acusaciones que formuló la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Éste será el único desafuero que discutirá el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el mismo viernes. Se prevé que la Cámara de Diputados se convierta en Jurado de Procedencia y se cite a los legisladores solo para abordar el caso del Mandatario panista, quien será invitado a estar presente durante el juicio.
La FGR imputa al Gobernador una defraudación al fisco de al menos 6 millones 511 mil 77 pesos. La acusación contra el mandatario tamaulipeco es por conformar una fortuna de 951 millones de pesos y encabezar una organización criminal para lavar dinero a través de contratos públicos otorgados a sus socios.
En su solicitud de desafuero, la FGR documenta el historial de García Cabeza de Vaca, desde antes de ser Alcalde de Reynosa, hasta sus años de Gobernador.
Puntualiza que en 2016, el ahora imputado de delincuencia organizada declaró poseer bienes por 50 millones de pesos. Sin embargo, la dependencia documenta la adquisición de restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, cuentas bancarias que denomina como «caudal de bienes ocultos», cuyo valor asciende a 951 millones de pesos. Es decir, 900 millones de pesos más que lo declarado.
En la imputación, la Fiscalía expone que, de 2016 a 2018, la administración de García Cabeza de Vaca otorgó tres contratos por más de 56 millones de pesos a dos empresas de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, de quien advierte tiene señalamientos de lavado de dinero por parte de autoridades estadounidenses.
Claudia Salazar
Agencia Reforma