La Consulta Popular
La democracia es según Sartori, un mecanismo de los electores (ciudadanos) para determinar su gobierno. La constitución dice que es un sistema de vida, y que incluye la participación del pueblo en las determinaciones del gobierno.
Si nos vamos al nuevo constitucionalismo latinoamericano, veremos que la nueva corriente de pensamiento jurídico es la legitimidad democrática de los gobiernos en la asunción, conformación, ejercicio y evaluación del poder.
En Zacatecas, hemos tenido algunas elecciones democráticas interesantes, con una mayoría apabullante en elecciones con partido hegemónico, como las elecciones de Cervantes Corona y de Genaro Borrego, o la de Ricardo Monreal, que sería el primer proceso realmente democrático si agregamos el otro elemento de los teóricos (para que existan elecciones democráticas lo deseable es que no se sepa quién va a ganar.)
En el proceso electoral, sin embargo, no se agota el concepto actual de democracia. Falta el de la participación popular del gobierno, cuando menos en las determinaciones de mayor relevancia: para qué es el poder y cómo se ejerce.
Es común que cuando a un candidato le preguntemos para qué es el poder conteste que para servir y para alcanzar los “altos objetivos sociales”.
¿Se podrán alcanzar esos “altos” propósitos y se servirá bien cuando se gastan cinco pesos en que funcione el gobierno para poder aplicar un peso en beneficio de los campesinos?
Evidentemente que por muy nobles que pudieran ser los propósitos, los objetivos no se cumplen. La Ciencia o la disciplina administrativa (no entremos a discutir si es ciencia) tienen mucho que aportar al tema. El correcto manejo de los recursos materiales y financieros con la aportación de los trabajadores del Estado y los servidores públicos generará mayor eficiencia. (Bajar cuando menos como en las carpinterías a peso de material y peso de mano de obra) y por supuesto que mayor eficacia, porque se incremente el número de acciones y el de beneficiarios. Esto es, de inicio se debe revertir el esquema: incrementar el recurso de inversión y disminuir el gasto corriente.
Además, la coexistencia de entes fiscalizadores, o revisores del ejercicio presupuestal interno en las dependencias, con una secretaría de control revisora de las demás dependencias que el día de hoy se denomina de la Función Pública, antes contraloría y mañana quizás auditoría, con la Auditoría Superior del Estado y con la Auditoría Superior de la Federación, sugiere un extraordinario costo de revisión del funcionamiento gubernativo y de la limpieza en el ejercicio de los recursos.
En un gobierno con legitimidad democrática, evidentemente, no tiene cabida la corrupción, el despilfarro y la arrogancia de los funcionarios y oficinistas; mucho menos la ineficacia, la ineficiencia y todavía menos la modorra, el conformismo, la indolencia y la falta de empatía con los usuarios de esta estructura burocrática. Por ello la importancia de la participación ciudadana y la consulta popular en las decisiones relevantes.
No puede proseguir en un gobierno con sustento popular la injusticia, la impunidad ni la lejanía de la procuración e impartición de justicia, especialmente penal. Las cifras de impunidad y la cifras negras son verdaderamente alarmantes: menos del tres por ciento de los delitos que se cometen se sanciona y un juicio civil oral puede durar unos diez años.
Urge entonces que los poderes que se elijan ejerzan su función para el beneficio popular de forma auténtica.
De la propaganda en general, especialmente entre los candidatos a diputados, no se percibe ni la intencionalidad ni la comprensión de estos fenómenos. En tanto el poder judicial, aunque ha avanzado en trasparentar y publicar su ejercicio, está lejos de cumplir su función a cabalidad y resolver bien y oportunamente.