“Se debe procurar y garantizar un procedimiento de interrupción de embarazo seguro, libre y accesible para las mujeres que tomen esa decisión”, aseguró el diputado petista, Xerardo Ramírez, al presentar la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal de la entidad, en materia de despenalización del Aborto como Delito.
En tribuna, aseveró que “sólo así podremos decir que sus derechos están efectivamente respetados, no más simulación de respeto a una libertad de decisión, de una igualdad ante la ley, es ahora el momento de llevarlo a la práctica”.
Insistió que, “como legisladores, tenemos la oportunidad de marcar la pauta y visibilizar los derechos humanos de muchas mujeres, para que nunca más, una mujer con capacidad de gestar sea juzgada penalmente: debemos eliminar la amenaza de sufrir una prisión y el estigma social que pesa sobre las personas que deciden, libremente, interrumpir su embarazo, garantizando en todo momento la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de ellas”.
Esto, dijo, por el bien de las mujeres y para consolidar un marco jurídico de verdad garantista, en el que todos los derechos y libertades sean considerados para todas y todos.
“Independientemente de la postura que cada persona tenga frente al tema del aborto, se debe ponderar el hecho de que los abortos practicados en condiciones inseguras son un problema social y de salud pública que debe ponerse en la esfera pública para su debida atención; no podemos cerrar los ojos ante un tema cuya atención es impostergable”.
Recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero tutela la acción del Estado para garantizar el acceso de todas las personas al goce pleno de los derechos humanos fundamentales sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, condición económica, creencia religiosa o preparación académica.
De manera conjunta, expuso, el artículo 21 de la norma suprema en el Estado de Zacatecas consagra el acceso de todos los zacatecanos y quienes habiten o transiten por el territorio estatal al goce de los derechos humanos esenciales, sin discriminación alguna.
A manera de contexto, sostuvo que el 7 de septiembre del presente año, en una decisión histórica, los ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidaron, por unanimidad, los artículos de la legislación Penal del estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel a la mujer que, voluntariamente, practique un aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento.
Decisión que, abundó, efectivamente es de una relevancia, no solo jurídica, sino histórica y social, ya que se han derribado obstáculos jurídicos que impiden la libre decisión de las mujeres a decidir qué es lo que realmente les resulta mejor para tener una libertad en el desarrollo de su personalidad, sin afrontar el temor a ser estigmatizadas o criminalizadas por un acto que sólo a ellas les compete.
Añadió que se sienta un precedente judicial para una modificación a las legislaciones locales de todos los estados mexicanos.
Explicó que al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos a favor de los once ministros que integran la Corte, esta determinación obliga a todos los jueces de México, tanto federales como locales, para que, al resolver casos futuros sobre este tema, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta.
Sin embargo, reclamó, en nuestra legislación penal todavía existe la penalización para la mujer que decide interrumpir su embarazo, por lo cual consideramos necesario se regule tal circunstancia en nuestro marco legal estatal.
