El fiscal general de justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que se tienen avances en el caso de la desaparición y las muertes de jóvenes de Francisco R. Murguía y Río Grande. Mencionó la detención de dos personas, la identificación de dos probablemente implicados y operativos con hasta 100 elementos.
Expuso que se cuenta con dos dictámenes de retrato hablado de dos hombres que pudieran estar relacionados, además de dos detenidas por orden de aprehensión, “cuya participación se logró establecer con la información recabada en las últimas 24 horas”.
Detalló que la madrugada del 12 de febrero se reportó la privación de la libertad de los cinco jóvenes: Alexia, Irving, Natalio Luis Ángel y Valeria, cuando salían de un centro nocturno y se los llevaron a bordo de un vehículo de una de las víctimas.
Afirmó que “la carpeta de investigación se inició inmediatamente al recibirse la denuncia” y que son las fiscalías especializadas para la Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y la de Derechos Humanos las que dan seguimiento al caso.
El sábado se recibió la denuncia por la desaparición de las víctimas, a las 4:36 de la mañana, “recabándose todos los datos necesarios para el protocolo de identificación y búsqueda, denuncia presentada por una de las víctimas”.
Murillo Ruiseco aseguró que, “a partir de ese momento”, intervino la fiscalía de derechos humanos en la valoración de riesgo para atención a víctimas y medidas de protección para la denunciante, a quien “brindó primeros auxilios psicológicos, dio acompañamiento permanente”, así como a los familiares de las víctimas, una vez que comparecieron.
“La denuncia y toda la información recabada fue remitida a la Fiscalía Especializada para la Desaparición Forzada de Personas, a fin de citar a los familiares de las víctimas y realizar el trámite de autorización para la difusión pública de las cédulas de búsqueda e informar los criterios de funcionamiento del protocolo Alba con respecto a las femeninas (sic)”.
El titular de la FGJE añadió que las siguientes acciones fueron solicitar datos de las líneas telefónicas de las víctimas, que el grupo de policía de investigación recolectara información sobre los hechos en las inmediaciones del lugar donde fueron privadas de la libertad, “como posibles testigos, rutas de escape y sistemas de videovigilancia, entre otras”.
“Se elaboraron las cédulas de búsqueda que, en un primer momento, no fueron autorizadas por los familiares al desconocer las circunstancias de los hechos, para posteriormente a las 23:30 horas de ese mismo día, bajo consentimiento informado, ser difundidas públicamente”, puntualizó.
Refirió que se activó el protocolo Alba, se boletinó el vehículo en el Sistema Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, se solicitó colaboración a la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como a las direcciones de seguridad pública en el estado, “para la búsqueda inmediata”.
Se pidió al Centro de Coordinación Integral de Comando C5 para la búsqueda y seguimiento del vehículo en el que fueron privados de la libertad a través del Sistema Público de Videovigilancia.
También, complementó, se realizó operativo de búsqueda en la comunidad La Escondida, con la participación de 60 servidores públicos de distintas instituciones, además del sobrevuelo de vehículo aéreo no tripulado. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se pidió asignar un asesor jurídico a las familias, de acuerdo con el fiscal.
El 13 de febrero, a las 12:43 horas, a través del Sistema de Emergencias 911, se recibió el reporte del hallazgo de una camioneta abandonada en la carretera estatal 181, en Genaro Codina; era el vehículo del de las víctimas, en cuya caja estaban cuatro cuerpos sin vida que correspondieron a los cuatro jóvenes.
“Se iniciaron los trámites legales para identificación, reconocimiento y entrega de los cuerpos y se brindó atención”, insistió Murillo Ruiseco, al afirmar que hubo acompañamiento y asistencia a las familias de las víctimas durante el proceso, atención psicológica y asesoría jurídica.
Asimismo, puntualizó, “se gestionó apoyo para los gastos funerarios para las familias que así lo requirieron”.
Reveló que familiares de los jóvenes recibieron llamadas aparentemente de extorsión en las que pedían dinero a cambio de información sobre el caso, por lo que se solicitaron los datos reservados de un número telefónico desde el que se pretendía extorsionar. Agregó que se asignó un asesor para el monitoreo y negociación de estas comunicaciones.
Se solicitó a las compañías telefónicas información sobre los movimientos de los aparatos telefónicos de las víctimas, “sin resultados positivos”.
Después, añadió, el 14 de febrero se pidió colaboración a las 31 entidades federativas para la búsqueda y localización de una de las jóvenes que sigue desaparecida.
Se solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Aguascalientes para la elaboración de dictamen de retrato hablado, además de buscar las videograbaciones al C5 de las inmediaciones del lugar donde fueron privados de la libertad.
El 15 de febrero se pidió la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para digitalizar el dictamen de retrato hablado, se ejecutó orden judicial de cateo para procesamiento y levantamiento de indico a en un inmueble ubicado en La Escondida, “probablemente relacionado con los hechos, operativo en el que participaron más de 100 servidores públicos”.
Especificó que participaron Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Policía de Investigación, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Ministerio Público y Servicios Periciales.
Se procesó el inmueble localizando y se levantaron indicios que pueden ser útiles a la indagatoria, lo que se determinará una vez que concluyan los estudios periciales en distintas especialidades.
El 16 de febrero, la Dirección de Servicios Periciales se avocó “al estudio de más 50 indicios recolectados y las prácticas de las pericias científicas para la determinación y su relación con las víctimas con los hechos que se investigan”.
Finalmente, precisó que este 17 de febrero se brindó atención a las familias de las víctimas sobre la evolución de la información, “cuyos avances les serán debidamente informados en el momento procesal oportuno”.
“Reiteramos que la protección de las víctimas y sus familiares, como las acciones tendientes a la detención de las personas implicadas en los hechos, son prioridad para la fiscalía general […]. Continuaremos buscando a Valeria y no cesaremos las acciones para su localización con vida”, aseguró el fiscal.