Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) iniciaron un paro para denunciar amenazas de muerte, hostigamiento y prepotencia de mandos, así como falta de condiciones y equipo para realizar su labor; además, reclamaron apoyo para las familias de los agentes asesinados, ante el aumento de casos.
La manifestación comenzó afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), poco después de las 6 de la mañana de este sábado, cuando sería el cambio de turno y los oficiales que entrarían decidieron detener labores.
Expusieron que al menos 50 efectivos han muerto desde la llegada de ex policías federales con el anterior titular de la SSP, Arturo López Bazán, nombrado por Alejandro Tello Cristerna al frente de la dependencia y que permaneció hasta el 19 de noviembre de 2021, con el ahora gobernador David Monreal Ávila.
Precisaron que suman aproximadamente 30 uniformados caídos en lo que va del año, luego de que recibieran amenazas. Sus compañeros declararon que, aunque esto fue denunciado a los superiores, no se les permitió portar arma en descansos, por lo que fueron dejados en indefensión.
Los uniformados revelaron que varios de estos agentes fueron asesinados frente a sus familias, incluso quemados. “No es justo”, reprocharon. Agregaron que las familias se quedan sin apoyo, por lo que demandaron respaldo para ellas y garantías sobre sus derechos.
En un pliego petitorio dirigido al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, exigieron la destitución del subsecretario José Aciano Medrano; del encargado del despacho de PEP, Israel Reyes García, y la jefa de la División de Fuerzas Estatales, Lizbeth Takahashi Castañeda, por prepotencia y abusos en contra del personal que no responda a sus intereses.
Asimismo, denunciaron que la licencia colectiva de portación de arma está vencida desde hace seis meses por lo que, cuando se encuentran francos, no se les permite llevarse su arma de cargo y temen por sus vidas. De acuerdo con la organización Causa en Común, 16 policías de distintas corporaciones han sido asesinados en Zacatecas.
Denunciaron que los mandos señalados los obligan a actuar de manera ilegal, por ejemplo, con ingresos a inmuebles sin orden de cateo, lo que ha provocado problemas a efectivos. Además, “nunca están en los pases de lista, se aparecen a mediodía y, cuando están, solo realizan arrestos injustificados; los fines de semana nunca se encuentran, no figuran en relación con el personal” y de sus funciones, revelaron, se encargan otros trabajadores.
Advirtieron que el subsecretario “se ha encargado de llenar la policía de ex federales”, con al menos 100 de estos elementos, a quienes se les dan cargos que quitan oportunidades a los oriundos de la entidad. Ejemplificaron que varios han sido nombrados directores en municipios, pese a que “ni siquiera conocen el estado”.
Añadieron que a ellos se les brindan mejores condiciones y son quienes salen de operativo, mientras que a los demás los dejan “banqueados”. “Ellos en las blindadas y nosotros en las usadas”, reclamaron. Agregaron que usan instalaciones, como Las Arcinas, como “hotel de paso, […] realizando sus fiestas y consumiendo bebidas alcohólicas”.
Exigieron que les sea entregado un documento, a cada uno de los elementos, con los beneficios para sus familias en caso de que pierdan la vida en cumplimiento de su deber, así como que se aclare si tienen seguro de vida y gastos funerarios y médicos mayores, “ya que anteriormente ha estado proporcionando una cantidad miserable para el apoyo”. Demandaron mejores salarios, pues los hay con un “sueldo que vale menos que Policía Penitenciaria y que en algunos municipios”.
Se unen
Los manifestantes de la SSP afirmaron que elementos con destacamento en las Unidades Regionales de Seguridad (Unirse), ubicadas en Trancoso, Río Grande, Sombrerete, Villa de Cos, Villanueva y Sombrerete, se solidarizaron con este movimiento y no atendieron su turno laboral.
Oficiales de la Unirse en Fresnillo se sumaron a la protesta. Los agentes estatales denunciaron la falta de material para realizar su trabajo, uniformes, botas, esposas, cascos, gorras, guantes y patrullas que se encuentren en buen estado para los recorridos de vigilancia o los operativos que se realizan en El Mineral, así como analizar los aumentos de salarios y los retroactivos. ¨Tenemos que comprar el equipo con nuestro sueldo ya que algunos de los uniformes son de administraciones pasadas”.
Llamaron al gobernador para que les apoye, les brinde las condiciones adecuadas para su trabajo y se les dé información en caso de que algún policía caiga en cumplimiento de su labor. “Hemos estado callados durante un año y medio, pero ya es hora de alzar la voz”, sentenciaron.
Consideraron que no hay interés por parte de la administración: “nos sentimos solos, hay elementos que han trabajado de manera honesta durante años y no tenemos la oportunidad de subir de grado, consideramos que tenemos identidad con la población y nos cuidaríamos más como corporación, si pertenecemos al estado, y no con mandos federales traídos y puestos en esos puestos”.
Recalcaron que sólo exigen sus derechos laborales, aunque están temerosos a que haya represalias.
Dada la situación que atraviesan los oficiales, familiares de policías estatales que han sido asesinados también se unieron a la manifestación, pues informaron que no han recibido indemnización o seguro de vida, ni el pago de gastos funerarios por parte del estado.
En el pliego petitorio, los agentes solicitaron renovación de uniformes, equipo táctico y chalecos antibalas, pues la mayoría ya caducó; reestructurar al personal operativo; mejor presupuesto para calidad de comida en sitios de destacamento; respeto al alojamiento y permisos económicos, así como redistribuir patrullas, porque los operativos usan unidades en malas condiciones.
Pidieron estrategias y acciones para evitar que los elementos sean víctimas de atentados por la delincuencia organizada; que se les depositen prestaciones a las que tienen derecho, como el bono del Día del Policía, y supervisar constantemente a los directivos para evitar abusos.
Propusieron que se establezca una mesa de diálogo. El secretario de Seguridad Pública habló con quienes estaban afuera de la SSP, un par de minutos por la mañana, y sugirió que fuera con cinco efectivos; más tarde, a través de sus funcionarios, reiteró el ofrecimiento, sin embargo, los inconformes no aceptaron, al advertir que quienes entraran serían despedidos.
Por la noche, la manifestación continuaba en espera de atención por Marín Marín. En un comunicado, la SSP anunció que habría una mesa este domingo y que se mantenía la apertura para llegar a acuerdos, con “diálogo civilizado, para conocer sus peticiones mediante argumentos sustentables”.
Afirmó que “existen protocolos debidamente establecidos por la administración pública, como lo prestaciones del Régimen de Seguridad Social, tales como pensión por orfandad, viudez y ascendencia, póliza de defunción, póliza de ayuda para gastos de funeral, entre otros”.
Defendió que este año se puso en marcha la Unidad de Bienestar y Dignificación policial, “a través de la cual se busca identificar y atender las demandas y necesidades de los policías”. Sin embargo, los uniformados se mantuvieron en protesta.