El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Marín Marín, reconoció que la Licencia Oficial Colectiva para portación de arma está vencida desde hace más de un año y que los oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) no cuentan con un seguro de vida.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal afirmó que la SSP se mantiene firme en su decisión de no reinstalar a los siete policías que fueron retirados de la corporación, con el argumento de la “pérdida de confianza”.
Aseguró que, en las mesas de diálogo con los agentes en paro, se les ofreció restituirlos en su cargo, siempre y cuando se realizara un proceso de investigación en la Dirección de Asuntos Internos y los elementos acreditaran sus exámenes de control de confianza.
Explicó que, debido a que no aceptaron estas condiciones, se les notificó no serían reinstalados. “En la SSP no puede titubear, ya que deben mantenerse firmes y empeñados en fortalecer a la institución”, recalcó Marín Marín.
Licencia vencida
Luego de que los oficiales manifestantes señalaran en varias ocasiones que la licencia oficial colectiva está vencida, el secretario de Seguridad expuso que sería “honesto” y reconoció esta situación, que atribuyó a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no la ha revalidado.
Expuso que se tuvo que solicitar el apoyo de otras entidades federativas para que se pudieran llevar a cabo los exámenes y que, a brevedad, se pueda revalidar la licencia. El problema, reiteró, “fue producto de la administración anterior, porque no llevaron a cabo todos los procesos reglamentarios para lograr la revalidación”, acusó.
Adolfo Marín informó que la SSP está en el proceso de validad, “esperemos que en breve podamos cumplir con ese cometido”.
Seguros de vida
En cuanto al pliego petitorio presentado desde la primera manifestación del 19 de marzo, cuando los oficiales exigían un seguro de vida, Marín Marín aceptó que es una prestación con la que no cuentan los elementos.
Sin embargo, resaltó que sí se tienen otros beneficios como 20 mil pesos para gastos funerarios, además de que los que tienen su contrato de pago con el banco Banorte éste les entrega 35 mil pesos a las familias. Informó que en este momento se gestiona un seguro de vida por parte de gobierno del estado.
Agregó que se tiene una Unidad de Bienestar y Dignificación Oficial que se encarga de llevar a cabo todos los procesos cuando hay un elemento que fallece, por lo que se brinda apoyo de viudez y orfandad, y se les conduce a la Coordinación Administrativa para los trámites y que se otorguen los derechos.
Convicción del gobierno
Con respecto al despido de siete oficiales, el titular de la SSP puntualizó que estas medidas son el resultado de la convicción del gobierno de Zacatecas de ofrecer a la población una policía estatal a la altura de los grandes retos en materia de seguridad, con mejores condiciones de los elementos.
Aseguró que el diálogo permanecerá abierto por parte de la secretaría y del gobierno del estado para los acuerdos. Detalló que dos de los siete elementos despedidos aceptaron su liquidación, por lo que se lleva a cabo un proceso de revisión y de depuración, en el que precisó que el objetivo es evitar que la corporación sea utilizada por quienes violan la ley para su propio beneficio.
Sentenció que no permitirá la corrupción en la corporación, por lo que pidió un voto de confianza para regresar la paz y la tranquilidad al estado. Reiteró el compromiso de la SSP en fortalecer las corporaciones policiales, equiparlas, capacitarlas, dignificar su labor y brindarles las mejores condiciones laborales y de seguridad social para ellos y sus familias.
Adolfo Marín aseveró que no se han tomado represalias contra elementos, pues reafirmó que a todos se les ha brindado la misma atención y beneficios. Insistió en que para la reinstalación de los dados de baja son necesarios los exámenes de control de confianza, “situación que no aceptaron”.
En cuanto al argumento de la “pérdida de confianza”, explicó que se sustentó en el hecho de que se les da instrucciones, pero no las acatan. Ellos saben, dijo, que se da cuando no se cumple con los intereses del estado, en este caso, de la SSP.
En vez de presentarse en sus horarios laborales, llevaron a cabo manifestaciones que interrumpieron el acceso y salida de los elementos de seguridad pública, recalcó. Añadió que tienen secuestradas 20 patrullas y todo el armamento y los equipos de balística, los equipos de seguridad; “en ese sentido, se les pierde la confianza”, reiteró.
Con relación a lo señalado por los elementos paristas, de que al menos 90 por ciento de la corporación se encontraba en paro en apoyo, Marín Marín sostuvo que se trata de solo 10 por ciento y luego rectificó que 5 por ciento, pues las unidades siguen operando en forma regular.
Puntualizó que en las unidades regionales de Seguridad (Unirse) de Fresnillo, Trancoso y Villanueva, hubo agentes que pusieron pancartas, pero que que operan de forma regular, así como los efectivos integrados a otros Municipios.
Medidas para desalojo
El secretario de Seguridad advirtió que los inconformes “están tratando de impedir que las actividades del Festival Cultural se desarrollen como debieran, con lo que no solo afectan a la seguridad, sino a la población, a la ciudadanía, quienes después de dos años esperan el evento”.
Garantizó que se dialoga para que desalojen la Plaza de Armas, pero que si interrumpen los eventos e impiden las labores de las autoridades, “se tomarán medidas más estrictas”.
Adolfo Marín expuso que no se tienen más agentes que se manifiesten, salvo los despedidos, e insistió en que, de así hacerlo, no transgreden la legalidad si es fuera de su horario laboral.
Con relación al acoso que refieren los elementos de algunos mandos al interior de la PEP, el secretario expuso que su primera petición fue que se presentaran las pruebas para la investigación. Este jueves, especificó, se presentarían, pero no los manifestantes no lo hicieron y por tanto no se pudo tomar una decisión.
Finalmente, aseguró que les pidió a los paristas que presentaran esas quejas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que, como autoridad competente, en su momento puede determinar si hay o no culpabilidad.
RECUADRO
Policías señalan amedrentamiento
XIMENA LOERA
Elementos estatales en huelga afirmaron que el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, les aclaró que no habría reinstalación en sus puestos de trabajo, al tiempo que les advirtió que aportaría las pruebas ante la FGJE porque “lo que están haciendo es un delito”.
Declararon que, tal como se escucha en un audio que circuló en redes sociales y que se trata de la última reunión con Marín Marín, luego de amedrentarlos con la no reinstalación y el fincamiento de posibles delitos ante la FGJE, solo les ofreció aumentar de 20 a 32 días la indemnización.
Explicaron que se les ofreció la reinstalación en reuniones anteriores por la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, supuestamente sin represalias, pero eso fue rechazado por el titular.
Los elementos despedidos aseguraron que en el gobierno del estado no están abiertos al diálogo, que con regresar al trabajo dejarán de exigir lo que corresponde.
En el audio que circula se escucha que no habrá reinstalación, que se ofrecen 32 días de indemnización y que se procederá contra ellos ante la FGJE, por lo que los inconformes se retiraron de la mesa de diálogo.
“Ellos quieren que sea bajo sus términos, que nos devuelvan el trabajo y que nos sujeten a un proceso, lo que es completamente ilegal, ¿cómo te van a devolver el trabajo para ahora sí hacer las cosas bien?, ¿y el debido proceso?, es una tontería”, reclamaron.
Sostuvieron que se les ofreció la reinstalación, pero con la condición de sujetarse al debido proceso ante el órgano interno; “vuelvan para correrlos ahora sí bien”, consideraron que es la propuesta, por lo que no la aceptaron.
Advirtieron que no desistirán de su exigencia principal, la destitución de los tres mandos: el subsecretario de Seguridad Pública e Inteligencia Policial, José Aciano Medrano; el encargado del despacho de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, Israel Reyes García, y la jefa de la División de las Fuerzas Estatales, Lizbeth Takahashi Castañeda.