Al comparecer ante el pleno de la Legislatura, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, reclamó que hay pendientes en la transferencia de recursos del Poder Ejecutivo a la fiscalía. Sostuvo que hay “que construir presupuestos reales, según las necesidades reales”.
Este martes, expuso la situación de la fiscalía y reconoció que la impunidad es un flagelo. Aceptó que la sociedad tiene miedo, “hay que reconocerlo, así es que tenemos que acelerar el paso”.
Murillo Ruiseco afirmó que se debe avanzar en el combate a la violencia, sin embargo, alertó de que, para el último trimestre del año, la fiscalía entrará en crisis, ya que “no tendrá ni para gasolina”. “El tema del presupuesto es álgido” y las limitaciones están relacionadas con el crecimiento institucional, remarcó, después del recorte de este año.
Manifestó estar de acuerdo con la optimización de recursos, pero acotó: “cuando esté controlada la situación de violencia y los niveles de inseguridad, que el indice delictivo baje, entonces empezaremos a reducir y acogernos a 100 por ciento al plan de austeridad; en este momento, atarnos de manos en ese tema es prácticamente imposible. Si con el personal que tenemos es insuficiente, reducir no sería viable”.
Sobre los asuntos a resolver, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) explicó que, en la transición desde procuraduría, hay pendientes administrativos, en lo que respecta a la nómina con conceptos y derechos del personal; para ello, puntualizó, se requiere participación del Poder Legislativo.
Insistió en que la falta de cumplimiento total se debe a cuestiones presupuestales. Señaló que no se consideraron los costos de identificación de cuerpos, lo limitado del centro de atención a mujeres en Fresnillo y el deterioro que sufren las casas de Justicia.
Ejemplificó que la casa de Tlaltenango “se nos inunda en tiempo de lluvias y la reparación no estaba contemplada en el presupuesto”. Estos espacios “se construyeron en la administración de Ricardo Monreal y no se les ha invertido”.
Francisco Murillo consideró necesario fortalecer la capacitación para resolver el problema de impunidad, lo que “no es un cambio de la noche a la mañana, pero con la colaboración entre autoridades, estaremos en la senda correcta para recuperar la paz en Zacatecas”.
“¿Cómo hacerle? Hay que dejar de lado los intereses personales y particulares, de grupo o partidistas. Debe ser un interés prioritario la recuperación de la paz. No es un tema de colores ni de sabores, es de Zacatecas. Aquí vivimos, ustedes y nosotros. Tenemos que ser una sola voz”, aseveró.
Avances y estrategias
El fiscal Francisco Murillo les tomó la palabra a los diputados para elaborar una agenda legislativa común, tras reconocer que reformar el Código Penal no es asunto fácil. Les recordó que “tenemos reformas pendientes sobre justicia familiar, que es el primer delito en el estado”.
Añadió que falta un padrón de personas desplazadas por la violencia, que no se ha publicado lo relativo a la declaratoria de ausencia para las personas desaparecidas y mencionó la necesidad de visibilizar la tentativa de feminicidio.
Reiteró que la impunidad es un fenómeno multifactorial. “Frenar de manera visible la impunidad es un pendiente que tiene carácter de deuda histórica y la política de persecución penal de la fiscalía se vuelve un paso decisivo para saldarla”.
Detalló que la estrategia establece los objetivos y permite la identificación colaborativa de casos prioritarios, en función de las conductas criminales de mayor relevancia social, sin que ello sea excusa para no atender a las víctimas de todos los delitos.
Murillo Ruiseco afirmó que está de acuerdo con la estrategia nacional contra la delincuencia. Enumeró los resultados de 23 semanas del Plan Zacatecas 2: mil 328 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, 484 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 595 vinculaciones a proceso obtenidas, 161 sentencias condenatorias, 598 carpetas de investigación con persona detenida y 9 mil 591 sin detenidos.
Sostuvo que, según México Evalúa, Zacatecas se ubicó en la posición 10 del Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal y obtuvo un índice de impunidad de 76.6 por ciento, lo que posicionó al estado como la mejor entidad a nivel nacional. Mencionó también la acreditación de laboratorios y 90 por ciento de atención en trabajo pericial.
El titular de la FGJE precisó a los legisladores que, “cuando lo determinen, pueden incorporarse al comité de seguridad y evaluación”. Además, afirmó: “si así lo deciden, pueden removerme del cargo”. Para finalizar, defendió que se tiene una fiscalía sólida, “empezando por la vocación de servicio que caracteriza al personal que la integra”.
Casos en investigación
Ante cuestionamientos sobre casos de homicidios, desapariciones, ataques a corporaciones, desplazamientos forzados y feminicidios, como el de la niña Sofía, en Fresnillo, el fiscal Francisco Murillo aclaró que ninguno está archivado “y los tenemos visibilizados”. Sin embargo, expuso que no se revelan datos impedidos por el proceso y para evitar exponer a las víctimas.
Informó que 60 por ciento de la incidencia delictiva del estado se concentra en la capital (21%), Fresnillo (19%) y Guadalupe (18%). No obstante, reconoció que también hay conflictos en las carreteras, principalmente en la zona norte. Reiteró que, para cumplir compromisos y apoyos, se requiere dinero para poder salir a campo, así es dijo a los legisladores: “pedimos su respaldo”.
Advirtió que “no podemos dejar que la juventud se pierda en la violencia”, lo que advirtió que es un problema muy delicado y que urge sobre todo prevención. En el caso de los jóvenes de Nieves, Murillo Ruiseco dio a conocer que hay 12 personas vinculadas por distintos delitos y reveló que hay relación con la camioneta abandonada con cadáveres en la Plaza de Armas.
De los hechos más recientes, en los que las víctimas fueron estudiantes de la UAZ, detalló que se está en la investigación inicial y que se espera dar pronto con los responsables. De personas desaparecidas, advirtió que urge fortalecer la unidad, pues “el personal no se da abasto” con la cantidad de casos que se reciben, al contar con solo 35 servidores públicos.
En cuanto a los desplazamientos forzados por la violencia, en particular en Jerez, se tienen 95 denuncias, la mayoría Palmas Altas; el principal delito denunciado es daño en las cosas, robo y abigeato, mientras que se tienen solo tres de privaciones ilegales de la libertad.
Al especificar que van 23 elementos de seguridad caídos en 2022, Francisco Murillo respondió que, de este año y el pasado, se tienen tres carpetas judicializadas con vinculaciones a proceso, tres con órdenes de aprehensión y el resto algunas con líneas sólidas y otras en investigación. “Estas pérdidas de nuestros policías tienen que ver con la actuación de las instituciones, con la persecución del delito”, recalcó.
El fiscal advirtió que 25 analistas que se tienen en la FGJE evidentemente no son suficientes para atender delitos de alto impacto y de otro tipo. Lamentó que, en la situación de violencia que se padece en Zacatecas, “la pérdida de vidas humanas es algo que no se puede reparar”.