“Si es cierto que hay otra vida, ahí lo seguiré buscando”, dijo con la tristeza brotando desde el fondo de su pecho doña Teresa, madre de Armando, joven que va a cumplir seis años desde que salió a trabajar y nunca más regresó a su hogar.
Desde entonces, la mujer no ha detenido la búsqueda de su muchacho por su propia cuenta, ante la falta de resultados por parte de las autoridades, de las que aseguró ya perdió la fe. El sentimiento lo comparten otras decenas de madres que este martes participaron en la undécima Marcha de la Dignidad Nacional.
La movilización fue para exigir el regreso de sus hijos desaparecidos este 10 de mayo, fecha en la que lamentaron: “no tenemos nada qué festejar”.
El profundo dolor de las mamás se expresó desde la salida del contingente, del Jardín de la Madre, hasta llegar a la Plaza de Armas junto con familiares, amigos, activistas e incluso representantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, con su titular, Everardo Ramírez Aguayo.
Entre estas familias caminaron también los padres de Sergio Orlando, joven empleado de una tortillería en Guadalupe que desapareció desde 2017, cuando salió a divertirse a un bar del Centro Histórico de la capital y, desde entonces, nunca más se le volvió a ver.
Otro caso fue el de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Vial (DSPV) y su hijo de apenas 14 años, a quienes un grupo armado los sacó por la fuerza de su domicilio hace tan solo tres meses; el cuerpo del hombre apareció casi dos semanas después, pero el adolescente continúa desaparecido.
Su madre y familiares no dejaron de gritar sus nombres en los pases de lista, a lo que los acompañantes contestaban: “presente, ahora y siempre”, como una respuesta solidaria de quienes atraviesan por el mismo dolor y sensación de abandono de las autoridades.
La hermana de José Nicanor, que desapareció desde 2018 en Villa de Cos, consideró el exceso de burocracia como “un modo más de desaparecer a un desaparecido”, al “hundirlo” bajo tanto papeleo por las autoridades.
Relató que la última vez que se le vio a su hermano estaba con una joven originaria de San Luis Potosí, por lo que las autoridades zacatecanas pidieron a la familia ser ellos quienes averiguaran el domicilio de la muchacha, quien para entonces ya se había mudado sin dejar rastro para continuar con las investigaciones.
“Échale ganas donde quiera que estés, mi hijo. Dios nos va a proteger y no nos abandona, mi hijo. Por favor cuídate. Y si alguien sabe algo, que me lo regresen, por favor que se toquen el corazón”.
“Por favor, díganle que lo quiero mucho, que lo extraño mucho, que ya me lo regresen, que ya me devuelvan la vida porque yo me estoy muriendo sin él”, pidió doña Teresa con esperanza de que su hijo esté vivo y escuche hasta donde se encuentre las palabras de amor de su madre.
Exigen atención
En un posicionamiento afuera del Palacio de Gobierno, los colectivos que participaron en la movilización expusieron una serie de exigencias para que las autoridades asumieran como una política de Estado la atención a la desaparición de personas.
Las demandas, expuestas a través de un comunicado, se enfocan en garantizar prevención, búsqueda en vida, búsqueda e identificación forenses, avances en la investigación criminal y reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Reclamaron que se resuelvan problemas de coordinación de acciones, que estén articulados los tres órdenes de gobierno y se establezca, como se solicitó desde el año pasado, un plan de trabajo integral del Mecanismo Estatal de Búsqueda que incluya a las familias, a través del consejo ciudadano.
Solicitaron incorporar a las instituciones de identificación forense, así como servicios periciales con mecanismos extraordinarios de identificación, y establecer dinámicas que eviten la demora injustificada en la entrega de resultados.
Las organizaciones de familiares de desaparecidos exigieron certeza en la entrega de recursos para las instituciones y que tengan una mejor vigilancia y control. Además, que el Estado cumpla con la responsabilidad de apoyar a los afectados por este problema.
“Familias viven en pobreza extrema por pérdida de núcleos, hay decenas de huérfanos sin recibir protección”, denunciaron, al criticar la reducción del fondo de atención a víctimas desde 2017 y una discriminación entre las investigaciones del fuero federal y las estatales, pues de éstas últimas se recibe “poco o ningún apoyo”.
“Más de 100 mil personas desaparecidas en México, de 2 mil 757 en Zacatecas. Como madres y familiares, vivimos en una tortura continua. Por un lado, el dolor de no saber lo que padecen nuestros hijos; por otro, la estigmatización, la simulación y la desensibilización, que provocan efectos perversos”.
Reprocharon que instituciones y funcionarios estatales han minimizado el problema, por lo que llamaron a la sociedad a redirigir acciones para combatir “la violencia, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la guerra”, a que comprenda “que esta situación nos afecta a todos, que lo peor es normalizar”.