La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones al gobierno de Zacatecas por 25 millones 252 mil 400 pesos, monto de presuntas irregularidades durante 2021 en apoyos alimentarios, educación para adultos y seguridad pública, entre otros rubros.
Según el primer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF recuperó 372 mil 600 pesos del total observado y quedó pendiente de aclarar el destino de 24 millones 879 mil 800 pesos.
La mayor cantidad corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en el que se detectaron anomalías por 12 millones 696 mil pesos debido a que no se presentaron evidencias de entregas de alimentos a beneficiaros de Trancoso, El Salvador, Villa Hidalgo y Mazapil.
Los apoyos retenidos tuvieron hasta ocho meses de atraso, señaló la auditoría, por lo que las autoridades estatales incumplieron las reglas de operación de los programas convenidos entre el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y los Municipios.
Se trataba de Desayunos Escolares; Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; 100 Días de Vida, Salud y Bienestar Comunitario, así como Atención a Personas en Situación de Emergencia o Desastre.
Además, la ASF detalló que en el caso del FAM consiguió la recuperación de recursos por 372 mil 590 pesos desde Zacatecas, debido a la intervención de las autoridades fiscalizadoras, pero aún quedan 12.6 millones en los que se presume daños a la hacienda pública.
El segundo mayor monto observado fue en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adulto. El gobierno del estado no comprobó que las llamadas figuras solidarias recibieran 6 millones 683 mil pesos.
Así se infringieron la Ley de Coordinación Fiscal y el acuerdo de las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (Inea). En Zacatecas se comprometieron el total de los recursos, se pagaron 111 millones 445 mil pesos y al 31 de marzo de 2022 ejercieron 118 millones 810 mil.
Omisiones
La tercera cantidad más alta en irregularidades se identificó en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, en el que se presume un daño a la hacienda por 2 millones 999 mil pesos.
Esto se debió a la “falta de documentación que acredite la prestación de los servicios objeto del contrato número SAD-/DJ/PS/124/2021, financiero con recursos del fondo” y que fue por adjudicación directa.
La póliza era para el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de llamadas de emergencia y denuncia anónima para Fresnillo, Río Grande, Jerez de García Salinas, Sombrerete, Valparaíso y Calera de Víctor Rosales.
También se incluía el Centro de Coordinación Integral de Control de Mando y Comunicaciones (C5), en su parte de voz y datos. Sin embargo, se detectaron incumplimientos según términos, condiciones, plazos y montos pactados.
De acuerdo con los resultados de la auditoria, en el fondo de seguridad pública, hubo violaciones a la normativa en materia de transferencia y destino de los recursos; adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como transparencia.
Resaltó que la Secretaría de Finanzas (Sefin) envío de manera extemporánea a la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recibos de la bolsa federal y la aportación estatal, por recursos transferidos, no comprometidos al 31 de diciembre de 2021 y no pagados al 31 de marzo de 2022.
La ASF detectó que hubo montos que no se destinaron a los objetivos del fondo y señaló que no se acreditaron la capacidad financiera y la experiencia necesarias de los proveedores para prestar servicio o entregar el bien requerido.
Además de que no fueron acreditados de manera suficiente los casos de excepción a la licitación pública, en contratos financiados con recursos del fondo. Tampoco se formalizó el proceso de adquisición de telefonía y un vehículo ni de un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por estas razones, la ASF emitió siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue y, en su caso, inicie los procedimientos contra los servidores públicos responsables de las irregularidades.
Por último, una revisión al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, se concluyó que el gobierno del estado no cumplió con las disposiciones ya que, “a pesar de los avances, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto”.
