CDMX. En 2021, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el secuestro y el tráfico de migrantes se incrementaron en un 675 por ciento y en un 503 por ciento, respectivamente, en comparación con 2020, reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, el organismo advirtió que, además, según datos de la Fiscalía General de la República, en el 2021 hubo un incremento del 700 por ciento en las carpetas de investigación en las que se ejercitó acción penal por el delito de secuestro, y 260.5 por ciento por el delito de tráfico de personas.
«Los sujetos pasivos de ambos ilícitos están debidamente identificados respecto a la nacionalidad, género y edad, siendo 87 posibles víctimas del delito de secuestro y 13 mil 378 en materia de tráfico», detalló.
Señaló que, durante 2021, las Policías estatales participaron en 159 operativos en los que aseguraron a 3 mil 922 personas extranjeras que eran transportadas de manera ilegal, principalmente en Aguascalientes, 397; Puebla, mil 49, y Tamaulipas, dos mil 44.
En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la CNDH publicó el Informe Especial sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2021.
Las principales propuestas que se desarrollan en el informe son la realización de reformas en la Ley de Migración para adecuar el tipo de tráfico de personas migrantes y con ello prevenir y sancionar dichos delitos.
Así como avanzar en el cumplimiento del objetivo prioritario 4 del Plan Sectorial de Gobernación para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México, a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana.
También se propone el diseño de un Registro Nacional en materia de Tráfico de Migrantes y atención a las víctimas, en el que las autoridades competentes en materia de seguridad del País reporten las acciones realizadas en el rescate de personas migrantes que hayan sido víctimas del delito de tráfico ilícito.
Del mismo modo, establecer un sistema de información que coadyuve a que las familias de los migrantes desaparecidos en los países de origen, tránsito y destino puedan ejercer sus derechos y acceder a servicios para satisfacer sus necesidades específicas.
