LIMA. El Gobierno de Perú respondió al pronunciamiento de México, Colombia, Argentina y Bolivia, en el que condenan la destitución de Pedro Castillo, con un comunicado en el que señala que lo que el ex Mandatario cometió fue un golpe de Estado, en tanto su destitución fue aprobada en el respeto a la Constitución.
«Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex Presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado», dice el texto de la Cancillería peruana.
«Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones».
Agregó que el nombramiento de Dina Boluarte como Presidenta también se dio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció «la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional».
Ayer, en un comunicado conjunto, los Gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron su alarma por la situación política de Perú, y llamaron a todas las partes a priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas.
«(Expresamos nuestra) profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República del Perú», indicaron las naciones en un comunicado.
En tanto, hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, para México, Castillo sigue siendo el Mandatario de Perú y que las relaciones bilaterales están en pausa.
Fuertes movilizaciones se han registrado en Perú desde el domingo en contra de Boluarte, exigiendo el cierre del Congreso, la liberación de Castillo y elecciones inmediatas. Siete personas han fallecido, entre ellas dos menores de edad.
La Cancillería peruana aseguró que está comprometida con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del ex Presidente Castillo, y recordó que Boluarte presentó al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones generales de 2026 al 2024.
Emilia Xiomara Martínez Ruiz
Agencia Reforma