A petición ciudadana y luego de la huída de El Durazno por la violencia de grupos delincuenciales, la Legislatura urgió al gobierno de Zacatecas a que instale el Sistema Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno y que, junto a la Federación, refuerce la seguridad en Jerez de García Salinas.
En la sesión ordinaria de este jueves, los diputados también solicitaron un batallón de infantería del Ejército Mexicano en dicha comunidad y que, como parte del Plan Zacatecas 2, implementado por el gobierno de México en 2021, se amplíe la presencia de la Compañía de la Guardia Nacional (GN) en el municipio.
En la presentación de este punto de acuerdo se recordó que, al inicio de noviembre, la GN se enfrentó a una célula delictiva en El Durazno y detuvo a 16 de sus integrantes, “sin embargo, hombres armados regresaron durante varias noches y agredieron a los pobladores en represalia”.
La diputada María del Refugio Ávalos Márquez expuso que tres menores de edad fueron asesinados y delincuentes se llevaron a dos mujeres jóvenes, de 17 y 19 años, quienes siguen desaparecidas, además de cometer atentados incluso con granadas.
Estos, entre otros delitos, “sembraron terror en el municipio entero y se generó una parálisis”, pues ante el miedo de que los ataques continuaran, los habitantes decidieron abandonar la comunidad y la violencia provocó el desplazamiento forzado de los aproximadamente 400 habitantes.
Vacíos
Para evitar saqueos, como ocurrió en hogares de las comunidades de la sierra desplazadas, autoridades municipales gestionaron la protección de accesos y patrullajes en la localidad, ya que integrantes del crimen organizado pretendían establecerse en El Durazno, ubicada a ocho kilómetros de la cabecera municipal.
Pero la intervención de las corporaciones es temporal, lo que “permite un vacío que es aprovechado por la delincuencia para continuar con actividades que lastiman a todos los habitantes de esta región”. Por ello, se pide la instalación permanente del batallón de infantería y mayor presencia de guardias nacionales.
Asimismo, legisladores exigieron que “se establezcan los mecanismos de coordinación entre el estado y la Federación necesarios para alcanzar los objetivos de pacificación” en Zacatecas y, en particular, en esa zona de la entidad”, lo que “representaría una acción contundente en el combate a la delincuencia organizada”.
De igual manera, consideraron que sería “un importante mensaje de compromiso social de los gobiernos federal y estatal, de impacto directo en comunidades como Los Haro, Las Jacarandas, El Saucito, Santa Clara, Los Felix, Los Nogales, Los Rodarte, Río Florido, El Porvenir, Jomulco, San Juan y El Cargadero, por mencionar algunas”.
Diputados puntualizaron que se debe evaluar la ubicación estratégica de los elementos que llegan a Zacatecas y consolidar las metas de construcción de paz porque, hasta el momento, este tipo de acciones “no se han reflejado en el día a día de las familias”.
“Es muestra del esfuerzo, pero también de que la cantidad no es suficiente ante el escaso resultado de las políticas públicas en materia de seguridad en el estado y ante el aumento de células criminales que nos han rebasado, esas organizaciones que cada día son mas violentas”.
Intervención necesaria
Desde la Legislatura también se recordó que en octubre se publicó en el periódico oficial la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en Zacatecas, que mandata que el sistema estatal en esta materia deberá sesionar, de manera ordinaria, una vez cada tres meses.
No obstante, se “podrán celebrar sesiones extraordinarias cuantas veces se requiera para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria que realice la Secretaría Técnica”, es decir, la General de Gobierno del estado, a la que se le demandó que convoque a la instalación de este mecanismo.
Se subrayó que se debe tener un programa estatal que establezca líneas de acción encaminadas a neutralizar los efectos de la violencia y que defina y desarrolle acciones de prevención, protección y asistencia humanitaria de emergencia y el acceso a los apoyos sociales para las víctimas de desplazamiento forzado.
La ley indica que se requieren medidas para mitigar las consecuencias sobre la integridad personal, “tales como condiciones psicoactivas, sociales y económicas de las personas desplazadas y la implementación de soluciones duraderas”.
Abandonados
Diputados advirtieron que “el escenario se ha vuelto cada día más terrible y de angustia para miles de familias”, una situación que, enfatizaron, es conocida por todas las autoridades, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el gobernador David Monreal Ávila, pero “las prioridades fueron otras”.
Al confirmar que El Durazno es ya una comunidad deshabitada, se recalcó que uno de los municipios más afectados por la violencia es Jerez, por la desaparición de personas, los homicidios y los lesionados que hacen tener “temor día a día por la seguridad de nuestras familias”.
En esta región “se han perdido animales, huertas, tierras, el patrimonio de nuestra gente, y todo ha quedado abandonado”. Ante la falta de solución, recordaron el mensaje que llevaron víctimas de la sierra hasta Palacio Nacional, cuando este problema se agravó:
“Las madres y jóvenes desplazados de Jerez, Zacatecas, nos sentimos abandonados, desprotegidos, tristes, enojados e impotentes de ver que la delincuencia organizada nos expulsó de nuestros hogares, nuestras tierras”.
