El crimen organizado tiene bajo acoso a las mineras canadienses que operan en Guerrero.
Las empresas reportaron las extorsiones de las que son objeto al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su más reciente visita a México.
Entre las mineras que padecen asedio de la delincuencia está Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente.
También Media Luna que opera con financiamiento del consorcio minero Torex Gold Resources y que desde 2016 trabaja en comunidades del municipio de Cocula en donde extrae oro y cobre.
En su visita a México la segunda semana de enero, Trudeau se reunió con los directivos de las empresas mineras, que pidieron su intervención ante el Gobierno mexicano para resolver la situación, pues mantienen sus planes de negocios.
En 2022, por ejemplo, el vicepresidente de Torex Gold, Faysal Rodríguez Valenzuela, anunció una inversión de 17 mil millones de pesos para los próximos tres años en la mina Media Luna, además de incursionar en el mercado del cobre.
En el caso de la mina de Campo Morado, que incluso tuvo que cerrar temporalmente por las extorsiones, en 2017 reinició operaciones.
Actualmente opera esta mina el consorcio canadiense Altley Minning, Ralph Shearing.
En noviembre de 2021, esta empresa reportó ingresos netos por 23 millones de dólares durante el tercer trimestre del año.
Pero informes extraoficiales confirmaron que nuevamente esta empresa asentada en Arcelia, donde opera la organización delictiva Familia Michoacana, está sufriendo extorsiones.
Durante el gobierno del priista Héctor Astudillo, la empresa minera Capella de Teloloapan, propiedad del Grupo Peñoles, cerró sus operaciones en dos ocasiones porque los integrantes de la supuesta policía comunitaria La Tecampanera les exigía el pago de una cuota.
Este grupo de supuestos comunitarios opera en los municipios de Teloloapan y Canuto Neri (Acapetlahuaya).
Organizaciones ambientalistas han denunciado que la presencia de las minas no sólo genera afectaciones al medio ambiente y la salud de los pobladores, sino que atrae la ambición de los grupos del crimen organizado, que no solamente extorsionan a las empresas extranjeras sino a los propios ejidatarios cuando reciben el pago por la renta de sus tierras para la extracción de los metales.
Ayer, la Secretaria de Desarrollo Económico de Guerrero, Teodora Ramírez Vega, confirmó que la Gobernadora Evelyn Salgado le instruyó a atender el asunto de las extorsiones a mineras.
Jesús Guerrero y Benito Jiménez
Agencia Reforma