CIUDAD DE MÉXICO. Un juez federal aplazó para el próximo 10 de marzo, a las 12:15 horas, la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía hoy programado acusar a Emilio a Lozoya y su madre por el Caso Odebrecht, proceso en el que busca que le impongan 46 años y medio de prisión.
Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, autorizó la prórroga al considerar que debía garantizar el derecho de defensa, pues los abogados de los acusados no tienen completos todos los datos de prueba de la indagatoria.
El abogado Alejandro Rojas Pruneda pidió un diferimiento de 30 días porque dijo que apenas el pasado jueves, la FGR les proporcionó ocho discos compactos con 46 archivos con 900 fojas y cuatro videos con cuatro horas y 43 minutos de grabación en otro idioma, los cuales aún debían analizar.
Adicionalmente, dijo que apenas este lunes se percataron que dos de los discos no contenían las declaraciones videograbadas de Fernando Migliacco, Luis Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Suárez y Olivio Rodríguez Junior, directivos de Odebrecht que declaran en el caso contra Lozoya.
Además, el litigante indicó que tenían pendiente contrastar estas informaciones que les proporcionaron, con la carpeta de investigación original, en manos de la FGR.
El fiscal Manuel Granados Quiroz se opuso tajantemente a la prórroga porque dijo que esos datos de prueba sí estaban en los discos y documentos entregados. En su opinión, la defensa sólo pretendía dilatar el proceso.
Además, señaló que la FGR presentó su acusación por escrito desde el 3 de enero de 2022 y la defensa apenas agregó el día de ayer nuevos datos de prueba, mismos que debían ser excluidos en caso de llevarse a cabo la audiencia intermedia.
«(El aplazamiento de las audiencias) ha generado un costo para la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro de Justicia, las horas de esta sala, pero el costo más importante es el de la incertidumbre jurídica, esa incertidumbre jurídica no la merece usted señor Emilio ni el pueblo mexicano», expresó Granados.
El defensor Rojas Pruneda reviró que esas pruebas que apenas les entregó la FGR y, de manera incompleta, fueron pedidas por la defensa desde el 21 de enero de 2022 y como no se las proporcionaron, volvieron a solicitarlas el 1 de marzo, 17 y 28 de octubre e incluso en la pasada audiencia del 7 de noviembre.
El juez al final desestimó los argumentos de la FGR, porque consideró que eran subjetivos.
«El plazo del cierre de la investigación complementaria es para la Fiscalía y no para la defensa, incluso la defensa puede descubrir medios probatorios», dijo.
«El costo que genera esta audiencia al Estado mexicano es precisamente para brindar la defensa adecuada y dar este servicio de administración de justicia».
En el caso Odebrecht, la FGR busca que Lozoya sea condenado a 46 años con 6 meses de prisión por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
También solicitó sentenciarlo a una inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos públicos, el pago de una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares y una multa de 7 mil 950 días, equivalente a 87 millones 252 mil 442 pesos.
En el caso de Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario, la FGR pretende que sea sentenciada de 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.
Abel Barajas
Agencia Reforma