CIUDAD DE MÉXICO. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los despidos de trabajadores que contempla el «Plan B» de la reforma electoral costará 3 mil 500 millones de pesos en indemnizaciones, mismo monto que según el Gobierno buscan ahorrar con la medida aprobada ayer por el Senado.
«¿Dónde está el ahorro que se buscó?», planteó Córdova al participar en el seminario titulado «El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?», en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es una premisa falsa que se quieren ahorrar elecciones, añadió Córdova citando datos del estudio interno del INE sobre los costos del «Plan B».
El consejero, que está a 39 días de dejar el cargo, aseguró que el fondo de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es devolverle al Gobierno el control de las elecciones, como estaba hace 30 años, a pesar de que las medidas aprobadas ayer son contrarias a la Constitución.
Entre las medidas más graves citó el control del voto de mexicanos en el exterior, que se hará sólo con pasaportes emitidos por el Gobierno y no con la credencial de elector, la participación de funcionarios públicos en campaña o la destrucción de la estructura del INE, con el despido de 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera.
«No se ha publicado de la reforma, pero esperamos que se publique para continuar con la defensa jurídica de las instancias correspondientes frente a lo que es la imposición por primera vez en 30 años de las reglas electorales por una mayoría unilateral», dijo.
En el seminario también participan funcionarios como la consejera del INE Carla Humphrey Jordan; el consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Todos hasta ahora han rechazado principalmente el «Plan B» al señalar que fue aprobado sin consenso, desde el mismo Gobierno, sin consultar ni siquiera a la academia, y porque, acusan, es anticonstitucional y no abarata los costos.
«Si el objetivo de la reforma era abaratar los costos, ¿por qué no se tocó el financiamiento de los partidos políticos en los estados? Porque lo nacional requiere reforma constitucional, pero en lo local no. Es decir, sí se pudo haber disminuido el monto de la bolsa para los partidos políticos en los estados que ¿saben ustedes de cuánto es anualmente? 3 mil 500 millones de pesos», dijo Chacón Rojas.
Aunque señaló algunas buenas intenciones de la reforma, como la compactación de la oficina de comunicación del INE, Carla Humphrey señaló la inconstitucionalidad que deberá dirimirse en la Suprema Corte y la destrucción de la operatividad del Instituto.
«Creo que el riesgo más importante que se hace a la institución electoral es la reducción del 85 por ciento del servicio profesional electoral», dijo.
El investigador de la UNAM y experto en derecho electoral César Astudillo Reyes acusó que la reforma fue promovida con una narrativa populista y que busca darle el control al Gobierno de López Obrador para permanecer en el poder por lo menos los próximos 30 años.
Foto: Agencia Refor